Por Rogelio Hernández López
Muy pocas personas entendieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les quitó las
protecciones que lograron en 2017 empresas privadas de radio y televisión y sus legisladores aliados, para
evitar las obligaciones de separar opiniones de la información e instituir defensores de las audiencias que
les imponía la ley de 2014.
Ese blindaje legal que tuvieron las empresas de radio y televisión, por casi cinco años (desde 2017 y hasta
el 30 de agosto de 2022) saturó de propaganda política beligerante en la mayoría de los medios privados,
pero también en los públicos para la autodefensa. Eso, más la amplia libertad de acusar sin pruebas en las
redes sociales, facilitó la polarización política en los medios, nunca antes vista. Y ahora, hasta que el
Congreso de la Unión enmiende el vacío legal, serán más intensos y atroces los intercambios mediáticos
con opiniones encontradas y también descalificaciones y mentiras.
Blindaje eliminado
El 30 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió anular las reformas del 2017 a
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por errores de procedimiento del propio Congreso
de la Unión, que en realidad se calificaron como albazo legislativo (no hacer consultas suficientes,
aprobarlas velozmente y publicar la ley el mismo día).
Los párrafos y apartados que se derogaron o modificaron en 2017 y que la Corte invalidó se pueden
observar en la versión de la ley vigente que incorporó, casi de inmediato, a su archivo la Cámara de
Diputados federal (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR.pdf)
En el Capítulo IV, De los Derechos de las Audiencias, Sección I De los Derechos en 2017 se había
derogado el apartado III del artículo 259 donde se establecía el derecho “ a que se diferencie con claridad
la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y la obligación de ”contar con una
defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o
a través de organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir,
documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o
señalamientos de las personas que componen la audiencia”.
La corte también derogó el apartado IV del mismo artículo que en 2017 le había introducido “precisiones”
para evadir las obligaciones antes establecidas. Por ejemplo, “ cuando un concesionario inserta dentro de
su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido
contratado por un anunciante,” (Subrayado de RHL)
Igualmente derogó las reformas al apartado X del mismo artículo 259 donde se evadía la obligación de
contar con códigos de ética supervisados y además se introdujo como defensa la autorregulación. Los
párrafos de 2017 que derogó la Corte fueron:
“Los Códigos de Ética se difundirán en el portal de Internet de cada concesionario; serán presentados al
Instituto para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por
parte del concesionario; regirán integralmente la actuación del defensor de la audiencia, e incluirán los
principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia.”
“El Código de Ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o
a la revisión previa o posterior del Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o
cualquier regulación o acto similar del mismo Instituto u otra autoridad.”
“En la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, el Instituto deberá garantizar que los
concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad
programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa …”
Y en el Capítulo IV, artículo 311 relativo a las sanciones en 2017 se eliminó la fracción II del inciso c)
que imponía sanciones por “No cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el Instituto
sobre las obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias.”. La Corte anuló esa derogación
que se hizo en 2017.
La Corte aclaró mediante un comunicado el 31 de agosto que la declaración de invalidez de las reformas
de 2017 no daría vigencia a la ley de 2014: “no se ordenó la reviviscencia del texto anterior de este
ordenamiento… por lo cual el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión, a través
de la emisión de nuevas disposiciones en la materia”. Tampoco le impuso fecha final para hacerlo.
Los aprestos
Los vacíos legales que provocó esta resolución de la Corte causaron reacciones inmediatas y encontradas
tanto de las asociaciones de investigadores de la comunicación que impulsaron la reforma de 2014 para
dar derechos a las audiencias como de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión
(CIRT) que impulsó sus defensas en las reformas de 2017.
La CIRT anticipó sus temores a lo que podría hacer el Congreso de la Unión, con mayorías a favor del
gobierno federal cuando atienda la resolución de la Corte. En un comunicado se anticipó a que se buscaría
“devolver al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las facultades para que sea el encargado de
regular los derechos de las audiencias, en lugar de que lo hagan los propios medios de comunicación que
tienen una concesión de radio o televisión.” Y con ello “se ejerza presión indebida a la radio y la
televisión respecto de la información noticiosa que transmiten”.
También advirtió que “ en caso de ser necesario recurrirá a instancias internacionales como la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos para hacer valer sus profundas preocupaciones sobre las
medidas incompatibles con la garantía de la libertad de expresión… y en contra de la labor periodística y
de comunicación en nuestro país”.
La polarización
El Presidente de la República ha manifestado insistentemente que han estudiado el comportamiento de la
mayoría de medios privados, y que especialmente conductores de noticias y opinadores en la radio y
televisión se volvieron opositores y están por el regreso a las condiciones que prevalecían en el régimen
anterior y en la comunicación política.
Y efectivamente el sector privado es abrumadoramente mayoritario en la industria de la radio y televisión.
Un diagnóstico realizado por la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, de mayo de 2020, contabilizó un total de 1 mil 841 estaciones de radio y más de 400
canales de televisión. En su mayoría agrupadas en grandes corporativos.
En contraparte los medios electrónicos públicos significan un 7.5 por ciento de ese total. De radio
sumarían 130 estaciones. El Instituto Mexicano de la Radio cuenta con 17 emisoras terrestres en todo el
país, las radios universitarias en México suman medio centenar y son 62 radios comunitarias e indígenas
vinculadas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Los canales de televisión
públicos apenas sumarían 40.
La Televisión, en primer lugar, seguida por la radio son los medios más vistos y oídos por los mexicanos y
por ende tienen las mayores posibilidades de influir y formar corrientes de opinión. No obstante, la
asimetría de capacidades comunicativas entre el sector privado y el público la polarización política en los
medios impresos y electrónicos ha sido álgida prácticamente desde 2018.
Es que en los medios públicos también se desfiguró el servicio a la población y en buena parte de ellos se
incorporó mucha información propagandística en defensa de la agenda del gobierno federal.
Ambas caras del fenómeno polarizador se comprueban en uno de los estudios académicos más recientes
titulado Pensar lo público desde la comunicación promovido por la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. En varios ensayos
coordinados por Sara Makowsky Muchnik, Patricia Ortega Ramírez y Margarita Reyna Ruiz se explica lo
siguiente:
“En la era del capitalismo informacional y de una ecología de medios de naturaleza convergente,
multimedial, hipertextual, reticular e interactiva; lo público se ve amenazado por una concentración
inusitada de poder, tecnología, información y mecanismos de vigilancia en unas pocas corporaciones
tecno-mediáticas globales que actúan sin regulación.” Y que se niegan, como en México a ser
reglamentados, agrega este reportero.
“Estas grandes corporaciones diseminan en el ciberespacio —particularmente en las plataformas socio-
digitales— algoritmos, cámaras de eco y burbujas que terminan asfixiando el disenso, la pluralidad y la
diferencia, a la vez que exacerban la polarización y la fragmentación social.”
Y en el otro extremo, continua el texto de avance de la investigación académica, se ubica la reacción de
los gobiernos:
“En el horizonte latinoamericano, donde campea un repertorio variado de populismos, los movimientos
de contracción de lo público tienden a erosionar la democracia y los distintos ámbitos de los espacios
públicos.
“Particularmente en el México contemporáneo, donde los medios públicos de comunicación se han
convertido en altoparlantes populistas o cuando se vuelven una caja de resonancia de afirmaciones no
verificadas o no verdaderas emitidas en las “mañaneras” por el presidente López Obrador.” Al respecto
estudiaron concienzudamente los casos de Canal 11 t canal 14, los más vistos de los medios públicos.
Frente a eso, se agrega “estamos ante la desfiguración de lo público. El asedio y colonización de los
medios convierten lo público en algo fallido que termina por licuar las condiciones de posibilidad para la
deliberación, el debate y el entendimiento común;”. (Ver estudio en
http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/libros/educacion-y-comunicacion/item/528-pensar-lo-publico-desde-la-
comunicacion?fbclid=IwAR2ER4lwCixjp2TlxjeXu7RPglmmgfJ27hxvzjjwIiWiaKMBhBXhRcFDLbY)
En resumen, ahora con el vacío legal que normaba algunas emisiones de radio y televisión, tanto públicas
como privadas se licenciará prácticamente a los contendientes para continuar sus confrontaciones con
propaganda disimulada como información, con críticas sin soporte, con noticias falsas y opiniones
deliberadamente sesgadas. Y la víctima de la desinformación y la polarización será el interés en lo público
de los mexicanos. Mirada de reportero.