Por Rogelio Hernández López
Sí, sorprendió a varios periodistas enterarse que el Instituto Nacional Electoral (INE) había solicitado
sancionar, por un comentario de seis palabras, al director del sitio digital Sin Línea Erick Gutiérrez y que
el Tribunal electoral federal le impuso dos multas, un curso de capacitación, publicar la sentencia en su
sitio y retirarle su derecho ciudadano a votar en tres años. Y el asombro crecerá cuando se conozca que el
INE también ha pedido castigos para otros 22 periodistas y además los exhibe en una lista negra llamada
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género junto a otras 220 personas sancionadas por comentarios. ¿Con qué derecho juzgan la
libertad de expresión los árbitros electorales?
Suplantan autoridades
En ese registro de sancionados por petición del INE,
desde 2019 hasta el 26 de agosto de 2022, aparecen
22 personas que identifican como periodistas de 16
entidades de la República: Alejandro Mares,
Alejandro Sevilla, Armando Guerra, César Langarica,
Diego Alejandro Soto, Eliazar Velázquez, Eloy
Garza, Enrique Gómez, Francisco Román, Homero
Turrubiarte, Jacinto López, Jacinto López, José
Gerardo Hernández, Juan Carlos Méndez, Leonardo
Kourchenko, Lucio Espinoza, Magdaleno Luis
Camacho, María De Los Ángeles Tovar, María Del
Carmen Vázquez, Mario Alberto Sánchez, Octavio
Augusto Corvera y Víctor Alfonso Altamirano. Allí
no aparece todavía Erick Gutiérrez.
Los acusan de externar en medios de prensa y
digitales frases, opiniones e imágenes estereotipadas
que demeritan la imagen o las capacidades de mujeres
que presentaron quejas. Las sanciones que según el
INE ameritan son amonestación pública y/o multa
económica, acompañadas de medidas de restitución
como disculpa pública, publicar en su medio las
sentencias, cursos de capacitación y sensibilización y
otros que garanticen –aseguran—la no repetición. (ver
listado en https://www.ine.mx/actores-
politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/)
EL INE solicita tales castigos con base en el artículo 442 Bis, inciso f de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales que considera infracción a: “f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.” Y
con eso se da licencia para examinar conductas relacionadas con la libertad de expresión de políticos,
funcionarios públicos y en el etcétera incluye arbitrariamente a comunicadores y periodistas.
En su procedimiento el INE considera, cuando sea necesario, acudir al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) para que sea finalmente la instancia que imponga las sanciones.
En el caso que denunció Erick Gutiérrez, el TEPJF sancionó a 15 usuarios de la red social Twitter con
1,652 pesos de multa con excepción de unos de ellos que debe pagar 4 mil 481 pesos. Además, serán
inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en
Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) ¡durante tres años!
Entre periodistas sabemos que cuando se realiza la mala práctica profesional de acusar sin pruebas o
abusar de los adjetivos sin sustento corremos el riesgo, no solo de ser desmentidos y perder puntos en la
credibilidad (nuestra mayor fortaleza), sino también de ser acusados de calumnia y daño moral. Igual
conocemos que toda persona tiene el derecho constitucional de defenderse de esa mala práctica nuestra en
el periodismo acudiendo al ministerio público apoyada por los códigos civiles y todavía por algunos
códigos penales.
Pero ni el INE ni el tribunal electoral tienen derecho suficiente para evaluar y sancionar e incluso retirar
derechos por presuntas infracciones relacionadas a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores
garantizada por la Constitución Política.
Más acoso judicial a periodistas
Ya de por sí, uno de los muchos agravios que padecen las y los periodistas es el acoso judicial de
supuestos o reales ofendidos ante ministerios públicos y jueces con el fin de desalentar su ejercicio. Ahora
hay que sumar a las autoridades que completan ese acoso al INE y al TEPJF.
En febrero de 2022 en conferencia de prensa de organizaciones civiles y periodistas acosados se presentó
un recuento probatorio de que desde 2019 a esa fecha se había duplicado la práctica del acoso judicial
contra periodistas. Sergio Aguayo, Enrique Gómez Orozco, Ismael Bojórquez y Leopoldo Maldonado de
Artículo 19 aseguraron que en “2019 hubo 21 procesos judiciales contra periodistas que fueron acusados
de daño moral, cifra que se incrementó a 39 para el año 2020 y a 40 en 2021.”
Añadieron que “los procesos se inician ante autoridades administrativas o judiciales para inhibir el
ejercicio periodístico y que las demandas son de índole electoral, penal y también las de índole civil por
daño moral con el objetivo de ejercer un desgaste económico y psicológico de las personas demandadas”.
Mirada de reportero. – 0 —