Itzell Molina.- Aplicar una pena de tres a cinco años de prisión y multa de 10 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al servidor público encargado de la procuración o administración de justicia cuando, de manera dolosa, retarden o entorpezcan la administración de justicia en la investigación de delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual de menores de edad, diputados locales de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
A través de la presentación de una iniciativa que reforma el artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia de delitos cometidos por los servidores públicos, es que se busca hacer más expedita la aplicación de la justicia en casos de violencia sexual cometida principalmente contra niñas y adolescentes, explicó en el diputado local del PVEM, Octavio Magaña Soto.
Dijo que, en Hidalgo, acorde a datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia sexual han tenido un incremento de 64 por ciento en los últimos cinco años, con un promedio de 140 denuncias diarias.
Además, subrayó que desde el año 2021 han tenido un repunte, sobre todo, en niñas, niños y adolescentes, pues, de acuerdo con datos de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC, durante el tiempo de confinamiento que ha trascurrido hasta el momento, producto de la pandemia por Covid-19, la violencia sexual cometida principalmente contra niñas y adolescentes incrementó aproximadamente 30 por ciento.
Destacó que esta iniciativa plantea agravar la punibilidad al doble, de los delitos cometidos por los servidores públicos, cuando, de manera dolosa, retarden o entorpezcan la administración de justicia tratándose de la investigación de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz de comprender el significado del hecho o no tenga la posibilidad de resistirlo.
El Legislador verde, dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) tiene un rezago de aproximadamente 150 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas, atendiendo a factores humanos como falta de personas o material para integrarlas de manera debida, pero también, por diversos factores como la corrupción o conflictos de interés es que tampoco se avanza en el rezago de administración de justicia, por lo cual, con esta iniciativa, buscamos erradicar esas malas prácticas para evitar que ese sea el motivo por el cual no se da continuidad a las investigaciones pertinentes.