Por Rogelio Hernández López
De las preocupaciones sinceras, sobre el periodismo en México, que intercambiamos colegas de distintas corrientes de pensamiento sobresalen tres temas que debieran debatirse ampliamente porque están íntimamente vinculados, pero con un enfoque que casi siempre omitimos: ¿qué requiere la sociedad mexicana?
El asunto de fondo y que más nos ocupa es la confrontación que deriva de la erosión acelerada del modelo de comunicación social de mutuas conveniencias entre empresas privadas con el poder político, que convirtió en mercancía la información del mayor interés público;
El otro elemento de esta confrontación lo configuran las acciones tácticas de la comunicación política del Presidente López Obrador que, sin duda son parte de la estrategia reformista de su movimiento.
Y el tercer asunto, el más estruendoso, es por los climas de dolor y miedo que provocan las agresiones y asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Insisto, que en las discusiones y análisis hay un ángulo, un enfoque que no siempre se atiende con la enorme importancia que tiene:
¿Qué es lo que conviene, lo qué necesita la sociedad mexicana? Ya no se diga a los casi 94 millones de ciudadanos (93 millones 831 mil 853 al 4 de marzo de 2022, según el INE) sino a los sectores y capas de mexicanos politizados, con distintos niveles de conciencia y preferencias políticas divergentes que todos los días requieren y necesitan algo en común: información oportuna, suficiente y comprobable.
Con ese ángulo. este reportero propone analizar la medida política más estratégica que el gobierno federal haya iniciado en los tres años de gestión en relación con esos cuatro temas: crear una ley general de prevención y protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Esta medida es de suma importancia porque, de conseguirse tendrá efectos carambola en varias leyes, sembrará políticas públicas y otras definiciones para todo el sistema de comunicación social de beneficio para la mayoría de ciudadanos.
La propuesta la presenté en el foro organizado por el Portal informativo La Lupa y el Frente Queretano por a la no discriminación y el Estado Laico el 11 de marzo y la titulé ¿Qué ley de protección a periodistas necesita la sociedad mexicana?
Presento para su discusión una sinopsis de los puntos relevantes:
El actual gobierno federal reformista de México intenta crear otro ambicioso instrumento de Estado para el régimen político que impulsa.
– Mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración promueve diálogos regionales para conseguir respaldo social y construir un sistema nacional de prevención y protección ante agravios contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
– Aspiran a dar un viraje y sustituir el instrumento actual (un Mecanismo de protección que envejeció a los 10 años por ser solo obligatorio para la Secretaría de Gobernación, ser acentuadamente reactivo y de protección cautelar sin que esta dependencia fuese policiaca) por otro más preventivo, de alcance nacional y con fuerte participación de estas poblaciones y otros sectores sociales
– Lo más ambicioso estriba en que quiere iniciar el proceso de construcción de un andamiaje jurídico, a partir de una ley de carácter general que obligaría a otras entidades y dependencias del gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales a proteger y aplicar políticas preventivas, como no lo han hecho en una década con la ley vigente.
¿Cuál es una de las mayores necesidades de la sociedad mexicana?
Hay evidencias de que la ciudadanía más politizada requiere mucha más información menos secuestrada por los corporativos o el poder público, menos sesgada y más verificada (es decir más medios y periodistas confiables).
La filosofía y la sociología han enseñado que son las necesidades sociales, con sus presiones políticas, las que empujan cambios y creación de instrumentos del Estado.
La ciencia también ha probado que los grandes cambios sociales no cristalizan por ocurrencias o voluntarismos sino por la interpretación oportuna de que la acumulación de pequeños cambios ha madurado para dar un salto de calidad, un gran cambio. Veamos:
– Hay expresiones masivas que indican un nivel de politización social más alto que en otros periodos y es la que presionó a combatir la corrupción, la desatención de políticas sociales y de justicia.
– Por las elecciones de 2018 y de movilizaciones de causas distintas también se descascaró velozmente el régimen político que hacia predominantes a las elites al grado que también tenían cooptados a los partidos tradicionales de cuadros y a los medios de comunicación industrializados.
– Lo que se configura es un régimen reformado con más instancias para la participación social y menos elitista
– Hay evidencias de que la ciudadanía politizada requiere mucha más información, más plural, menos dosificada por las grandes empresas y por gobernantes, menos sesgada y más verificada. Esto es más pluralidad de medios y periodistas confiables.
¿Qué urgencias sociales y políticas presionan para mejorar la comunicación política y social?
– Frenar la oleada de agravios y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos porque eso también interrumpe los flujos de la información de interés público y crea zonas de silencio.
– Reordenar el sistema de comunicación social con unos de menos pactos de conveniencia entre grandes empresas y gobierno que limita la libre circulación de la información.
– Institucionalizar un modelo que combine la libertad de las grandes empresas privadas, obtenga mayor presencia de los medios públicos y abra paso al periodismo de más libertad y responsabilidad social. (hay tendencias de creación de cientos de pequeñas empresas para el autoempleo con servicios de información hiperlocal).
¿Qué sujetos sociales pueden garantizar un flujo más libre de la información de interés público?
Las personas físicas que por su actividad profesional tienen como esencia obtener información de interés público, procesarla y difundirla, pero con menos retenes de sus empleadores y menos agravios de los poderes económicos, políticos y de la delincuencia organizada.
¿Cómo pueden las y los periodistas profesionales aportar más con menos vulnerabilidades?
– Con un andamiaje jurídico que les reconozca derechos para un ejercicio profesional libre, seguro y digno. (los derechos humanos individuales son iguales para toda la población).
– Ampliando el reconocimiento de la sociedad de que la actividad profesional de las y los periodistas profesionales merece respaldo para que puedan ser más libres.
– El punto de partida para mejorar la comunicación social que la sociedad necesita es una ley que capaz de iniciar varios procesos. Esa, a mi juicio sería la Ley General que está impulsando el gobierno federal para la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
PRIMERO, adicionar los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política. Para reconocer a las actividades de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo como de interés público y la obligación del Estado Mexicano en todo el territorio nacional de reconocer su servicio social para las relaciones democráticas, para protegerlas y auspiciarlas.
SEGUNDO. En la ley General…
a) Debe ampliarse la definición de periodista, distinguiendo a las personas físicas que hacen labor esencial de conseguir información y con funciones distintas a las empresas de comunicación (que difunden), de los colaboradores periodísticos (que analizan) y otros usuarios de la libertad de expresión (que opinan) en todo tipo de medios y plataformas. Todos con derecho a ser protegidos, de acuerdo con sus niveles de riesgo.
b) Garantizar la construcción de un sistema nacional de prevención y protección bajo la rectoría de un nuevo y distinto Mecanismo de Prevención y Protección dentro de la Secretaría de Gobernación.
c) Lo realmente preventivo es perfilar obligaciones precisas a otras entidades del sector público federal a los gobiernos estatales y municipales para proteger y aplicar políticas públicas verdaderamente preventivas, como no lo han hecho en una década con la ley vigente.
d) Fijar objetivos para crear políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de estas poblaciones y les ayuden a adquirir fortalezas tanto sociales como profesionales para mejor desempeño de sus actividades y eleven sus capacidades como sujetos de su autoprotección.
e) Para las personas periodistas profesionales se hace indispensable establecer, desde esa ley el reconocimiento de al menos 14 derechos profesionales que garantizan el libre flujo de la información de interés público, entre otros el secreto profesional, de libertad de conciencia, de autor, respaldo empresarial y público para capacitación continua, etcétera.
f) Entre los objetivos de la prevención verdadera la ley general debería hacer que la Secretaría de Educación perfile políticas públicas y programas que involucren a universidades, empresas de medios y periodistas para la actualización profesional continua y fortalecimiento de capacidades profesionales.
g) Y contra la precariedad para ejercer también encausar a la secretarías del Trabajo y de Economía a que fijen medidas para garantizar derechos laborales (en el apartado de trabajos especializados, como empleados o prestadores de servicios) así como facilidades para la institucionalización de empresas pequeñas de servicios informativos, de carácter no lucrativo y autorreguladas deontológicamente.
Estas última ocho razones debieran ser suficientes para que más periodistas acudan a los diálogos donde se perfila la Ley General y las defendamos. Este enfoque es para que la población en general obtenga un mejor servicio de las y los periodistas profesionales y el beneficio de estar bien informada para opinar con certezas y tomar decisiones.