Itzell Molina.- Para continuar impulsando a Hidalgo en materia de transparencia, redición de cuentas, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, presentó la declaración patrimonial de 84 mil 715 servidores públicos durante la jornada 2021 de esta obligatoriedad enmarcada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En este sentido, el titular de esta dependencia; César Román Mora Velázquez, llevó a cabo en el mes de febrero, una firma de convenio con el Gobierno de la República a través de la Secretaría de la Función Pública, lo anterior con la intención de implementar las Tecnologías de la Información y los formatos adecuados para facilitar el cumplimiento de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2021.
Informó que dicha firma del convenio el estado permite la adopción de mejores prácticas para fortalecer la gestión pública, transparencia y cultura organizacional.
Explicó que a partir del presente año; los servidores públicos del Poder Ejecutivo realizaron su obligación de declarar su patrimonio a través de la plataforma DeclaraNetque es el medio electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales desarrollado por la SFP.
Por lo anterior 84 mil 715 servidores públicos presentaron en tiempo y forma su declaración en el mes de mayo y 846 fueron omisos ante esta obligación, mismos que su mayoría corresponden al rubro educativo, sin embargo, la Ley contempla que el Órgano de Control realice un exhorto para que el servidor público omiso justifique su falta en un máximo de 30 días posteriores al cierre del sistema.
Informó que la omisión a la presentación de declaraciones patrimoniales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conlleva a sanciones por la comisión de una falta calificada como No Grave. El artículo 75 de la Ley mencionada, establece las sanciones que podrán imponerse.
Mora Velázquez, afirmó que con lo anterior se refuerza la prevención y participación ciudadana, lo que representa el cumplimiento en el rubro de rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública y honestidad de los servidores públicos.