Para garantizar el uso de la tecnología a favor de la ciudadanía que litiga procesos judiciales, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa al Congreso de Hidalgo que propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
El diputado José Luis Espinosa Silva, explicó que los procesos judiciales han sufrido alteraciones debido a la pandemia de la Covid-19, por lo que las personas usuarias padecen afectaciones a sus derechos debido a la falta de celeridad en la normatividad procesal de cada materia.
Afirmó que es indispensable establecer medidas que permitan que la actividad en juicios y procedimientos judiciales se pueda llevar a cabo con observancia del derecho al acceso a la justicia con respeto al derecho a la salud.
Por lo que planteó la importancia de que el desarrollo tecnológico en el campo de la comunicación y la información constituyan herramientas que facilita varios aspectos de la vida, entre ellos la prestación de los servicios públicos, como lo es la impartición de justicia, los cuales pueden ser empleados a fin de lograr que las actuaciones procesales puedan desarrollarse con apego a derecho a través de prácticas que faciliten las comunicaciones procesales.
Espinosa Silva, desglosó que es necesario observar y considerar las medidas prescritas por las autoridades sanitarias federales y estatales para enfrentar la epidemia por el virus, especialmente, las relativas al distanciamiento social y el seguimiento de medidas para asegurar la continuidad de las actividades catalogadas como esenciales, como lo es la impartición de justicia.
“Debido a la anterior, se propone un sistema de notificaciones electrónicas, por lo que se proponen lineamientos administrativos que permitan su operación cierta y organizada, para que se tenga la certidumbre de que dichas notificaciones disponen de un medio tecnológico oficial y seguro, que garantice que una comunicación electrónica se haga con eficiencia y que se asegure que se cumplen las formalidades y finalidades que exija la normatividad procesal de cada materia”, concluyó.
Por Itzell Molina