Por Rogelio Hernández López
No obstante que cada mes piden protección federal 24 personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, el Mecanismo de Protección se encarrilaba para tener capacidad de atender esa demanda creciente y mejorar su funcionamiento. Tenía perspectivas halagüeñas hasta el 22 de septiembre, pero se le atravesó la Secretaría de Hacienda y se configuró el peor escenario para los 1,304 beneficiarios y quienes sean agredidos o amenazados el resto del año y en 2021Examínense los hechos:
UNO. La Secretaría de Hacienda desestimó, a fines de 2019, una petición urgente del Mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para que le adicionara 150 millones de pesos para poder cumplir con las medidas de protección por el aumento de 57.6 por ciento de nuevas solicitudes respecto de 2018. Pero Hacienda concedió mucho menos de lo requerido y lo entregó hasta fines de ese año.
DOS. Para el presupuesto de 2020, la Cámara de Diputados autorizó para el Mecanismo 227 millones 600 mil pesos aproximados, apenas 20 millones más que en 2019, lo que significó un incremento de casi 10 por ciento de aumento. Mientras el total de beneficiarios siguió acumulándose a ritmo acelerado de 24.5 en promedio mensual hasta llegar a 1,206 personas protegidas al mes de mayo en mayo, para septiembre llegó a las 1,304 y para fines de diciembre serán, al menos 1,402. Por eso el mecanismo, otra vez solicitó a la Secretaría de Hacienda otra adición, ahora de 187 millones para poder atender la creciente demanda. Esta vez Hacienda no cedió. El Mecanismo tendrá que ajustarse
TRES. En septiembre de 2020 el congreso aprobó, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda un presupuesto anual del Mecanismo para 2021 de 234.5 millones de pesos. Entre tanto las peticiones de protección siguieron aumentando al mismo ritmo. Y por las tendencias de agresiones, amenazas y asesinatos para diciembre de 2021 podrían alcanzar las 1,700 personas bajo la protección federal, porque en los estados no atienden estas peticiones en lo general. Esto implica que el Mecanismo tendrá que ajustarse en atender a 600 personas más de 2020 y 2021 con 6.7 millones que le adicionaron al presupuesto del Mecanismo (apenas el 3 por ciento de un año a otro cuando la inflación esperada será al menos del 4 por ciento).
CUATRO. El primero de septiembre en el anexo del Segundo Informe de Gobierno el Presidente de la República prometió que, la reingeniería que se aplica para mejorar el Mecanismo incluiría una demanda nacional e internacional de fortalecer la prevención: “La construcción de una política pública de atención y prevención es la apuesta clave para abordar la violencia advertida en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Esa promesa parecía encaminarse a cambios internos del Mecanismo (que ocurren desde marzo) y a que se reformara la Ley federal. Así el 22 de septiembre la Comisión de Gobernación y Población de Cámara de Diputados aprobó el dictamen que cambiaría la naturaleza jurídica del Mecanismo, ampliar los objetivos de la Ley y dar atención suficiente a la prevención. Esto es: “establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno, realizar políticas públicas de prevención, fortalecer a la Coordinación Ejecutiva Nacional y crear nuevas Unidades Auxiliares, entre otras cosas.
Pero la aprobación del dictamen se frenó porque la Secretaría de Hacienda externó un veto porque implicaría y se pronunció “en contra” debido a que “conlleva consecuencias jurídico-presupuestarias, ya que se crean nuevas estructuras organizacionales y se amplían las facultades, por lo que para su ejecución se tendrían que destinar recursos adicionales a los que actualmente se destinan para atender el objeto del dictamen.” Otra vez se atravesó Hacienda.
CINCO. La revisión de más de 300 fideicomisos que inició la Secretaría de Hacienda en el primer trimestre introdujo alertas en los organismos nacionales e internacional defensores de derechos humanos y de libertad de expresión porque amagaba con desaparecer el fideicomiso del fondo de protección del Mecanismo. En la Cámara de Diputados se abrió el parlamento y se formó el consenso de que sería peligroso eliminarlo y hasta el Diputado de Morena Mario Delgado, coordinador de la Junta de Gobierno aseguró que no se afectaría. Pero el 28 de septiembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se encaminó a extinguir 109 fideicomisos, incluyendo el del mecanismo de protección porque “se quiere transparentarlos, evitar corrupción y disponer de recursos inactivos para invertir en salud pública.”
Otra vez la mano de Hacienda a pesar de los dichos de Mario Delgado y de la promesa presidencial, incluida en los anexos del segundo informe de gobierno, de seguir mejorando esa instancia de protección federal.
Después de la oleada de protestas públicas de organismos defensores de derechos humanos y de algunos pocos medios y periodistas, se reculó un poco en la Cámara de Diputados. Hasta la noche del 1 de octubre todo indicaba que el dictamen legislativo diría: “Se asigna a la Secretaría de Gobernación la administración y operación del fondo de protección… esta dependencia emitirá las reglas de operación de este fondo en consulta con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.
Esto parecería que el fondo actual permanece, pero sin los aumentos necesarios para atender la demanda creciente; que la administración de los recursos cambiará de forma bajo la conducción de la Segob.
Pero el Mecanismo necesita 501 millones de pesos en 2021 para asegurar la permanencia y atención de los protegidos actuales, para atender las demandas que lleguen el resto de este año y en 2021 (al menos 1,700 beneficiados acumulados), para iniciar la aplicación de la Ley federal en caso de ser reformada.
Pero gracias a Hacienda tendrá menos de la mitad de ese presupuesto y no podrá atender ni siquiera el desborde de peticiones de protección y menos mejorarse internamente ni delinear políticas públicas de prevención como lo iba perfilando. Al iniciar octubre entró al peor escenario. Habrá más asesinatos y vidas truncadas entre quienes defienden derechos humanos y quienes hacen periodismo profesionalmente.