*Cero tolerancias para actos de violencia y discriminación en contra de trabajadores de la salud
Tras los múltiples ataques que han ocurrido a lo largo del país hacia el personal de salud, así como actos de discriminación, al ser ellos quien combaten al Covid-19, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propusieron modificar el Código Penal de Hidalgo y castigar con penas de entre cuatro a 20 años de cárcel a personas que incurran en estos actos.
A voz de sus compañeros de bancada, el diputado priista, José Luis Espinosa Silva, explicó que en pasados días un enfermero residente de una Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, fue rociado con cloro e insultado por una mujer desconocida, misma acción que fue repetida en los estados de Jalisco y Sinaloa.
Lo anterior debido a que las personas temen que al venir de un hospital se han infectado del Covid-19, por lo que tachó de “ignorancia y cero tolerancias” a quienes realizan estos actos, que si bien no se toma una medida de protección a los servidores de salud podría convertirse en una tragedia.
En este sentido y dentro de su iniciativa, expuso que para prevenir que suceda estos casos en el estado y dar castigo severo a quien lo llegue a realizar, se les imponga una multa de 20 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivaldría aproximadamente a 26 mil pesos y pena de cárcel de cuatro a 20 años.
Señaló que dicha multa se aplicaría a quienes lesiones a médicos, cirujanos, personal de enfermería, auxiliares y profesionales que laboren en los servicios de salud públicos, privados y de asistencia social, así como a personal de las áreas de trabajo social, personal de seguridad, protección civil o administrativo en funciones, incluyendo estudiantes de medicina en prácticas clínicas y residentes.
Espinosa Silva, comentó que en caso de que alguien cometa algún acto de discriminación al personal antes mencionado, se le interpondría una pena de dos a seis años de prisión y una multa desde 26 mil hasta 52 mil pesos, esto debido a que en Mérida se dio a conocer que no dejaron ingresar a una pizzería a una enfermera.
Asimismo, a quien cause daños a inmuebles de salud pública o privada durante una epidemia grave, se le podría imponer hasta cuatro años de cárcel y una multa de ocho mil 688 pesos.
Además, a la persona que promueve conductas ilícitas en contra de trabajadores de salud se le impondrá de tres a seis años de prisión, y una multa económica de 300 a 500 el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Por Itzell Molina