Al menos dos centenares de personas, entre delegados comunitarios y habitantes de casi 10 municipios de esta región, acudió a la sede del Ejecutivo hidalguense, a primeras horas de mañana de este jueves, con la finalidad de manifestarse y exigir la liberación de 12.7 millones de pesos, que pretenden utilizar para la ejecución de 47 proyectos de diferentes obras sociales.
Tras impedir el acceso a la plantilla laboral de Palacio de Gobierno, algunos manifestantes aseguraban que no acudían bajo la representación de alguna agrupación social ni mucho menos por intereses políticos sino únicamente «como simples ciudadanos que se organizan para exigir que el gobierno estatal cumpla los acuerdos firmados».
No obstante, durante la movilización se pudo ver a la regidora ixmiquilpanse dirigiendo a la agrupación social Movimiento Indígena Otomí (MIO), Judith Sonia López Olguín, junto con el delegado de la comunidad de San Andrés Orizabita, también de Ixmiquilpan, Julio César Salvador, quienes son incondicionales del diputado federal desaforado, Cipriano Charrez Pedraza.
Coincidentemente, ese mismo grupo de manifestantes, desde un par de horas antes, se había dado cita afuera de los Juzgados Penales de Control y Oralidad con sede en Pachuca, en apoyo de su líder moral, Cipriano Charrez, quien por segunda ocasión no se presentó a rendir su declaración, sobre el percance automovilístico en que está involucrado, porque presuntamente seguía en recuperación de un mal gastrointestinal.
Por Arturo G. Alanis