Diputados piden al Procurador aclarar fraude contra locatarios
Legisladores morenistas realizan un exhorto al Procurador General de Justicia en el Estado (PGJEH), Raúl Arroyo González, para que atienda las carpetas de investigación 16-TLAX-1-2019-236 y FEDC/UNIDADII/072/2019 en contra de servidores públicos.
Lo anterior, derivado de la supuesta defraudación por parte del Presidente Municipal de Tlaxcoapan Jovani Miguel León hacia un grupo de locatarios del Nuevo Mercado, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Antonio Hernández Vera y Ricardo Baptista González, presentaron la petición ante la máxima autoridad de la PGJH. Señalando que ser debe garantizar la pronta impartición de justicia.
En el presunto fraude también participaron los funcionarios Adilene Acosta Hernández, directora de Desarrollo Económico, y la tesorera Municipal, Julissa Arteaga García.
Además, solicitaron a Blanca Sánchez Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), implementar acciones para atender la Causa Penal Número 155/2019 así como la ejecución de los procedimientos adecuados para garantizar impartición de justicia pronta y expedita.
Hicieron extensivo el exhorto al auditor superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Armando Roldán Pimentel, para realizar las investigaciones, revisiones, auditorías y lo que derive para transparentar la gestión municipal y aportar las prueba necesarias para resolver de manera oportuna el problema.
Explicaron que los afectados fueron beneficiados con el proyecto de la convocatoria 1.4 del Instituto Nacional del Emprendedor “Equipamiento y mobiliario”, mediante el cual en marzo de 2018 se realizaron aportaciones individuales por 65 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, para un proyecto del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
Sin embargo de acuerdo con los locatarios fueron presionados por Adilene Acosta para aceptar el financiamiento, diciendo que quienes le decían que en caso de no aportar dicha cantidad perderían loa derechos de su local.
El 8 de febrero de 2019, el alcalde de Tlaxcoapan admitió ante el director General de Gobernación región Tula, Gonzalo Hernández García, que los locatarios no eran beneficiarios del proyecto para el cual se les solicitó la aportación antes mencionada y se comprometió a devolver el recurso, poniendo como fecha límite el 5 de marzo del mismo año, pero la devolución del dinero no fue ejecutada.
Las personas afectadas iniciaron una carpeta de investigación por los delitos de fraude, negociaciones indebidas y abuso de confianza en contra de los funcionarios municipales, en la Unidad III del Ministerio Público de Tlaxcoapan.
Por Itzell Molina