*De la experiencia de la militarización al silencio

Alberto Witvrun.-En los años ochentas la persecución del gobierno federal a las organizaciones indígenas independientes conformadas en la segunda mitad de la década anterior con la toma de tierras en la Huasteca, que se dijo fue inicialmente alentada por Luis Echeverría Álvarez, registrándose un baño de sangre por el asesinato de cientos de indígenas y de sus líderes naturales.

En Hidalgo los más significativos fueron los de Pedro Beltrán, Humberta Hernández y Benito Hernández y las matanzas del Chinguiñoso y la de los Nicolases en Huizotlaco, esta el 14 de Mayo de 1975, que dio nacimiento a la organización que adoptó como nombre esa fecha y posteriormente se transformó en la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH) columna vertebral del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) constituido al inicio de los ochentas.

La gran mayoría de esos crímenes jamás fueron aclarados y las detenciones arbitrarias eran situaciones de todos los días, conocí muchas historias en voz de los afectados y muchas otras de los religiosos +Pablo Hernández Clemente y +José Barón Larios, ambos incasables luchadores sociales, contados fuimos los reporteros que recorrimos las comunidades huastecas “cercadas” por el Ejército Mexicano, que colocaba retenes y patrullaba con grupos especiales las inmediaciones de comunidades consideradas subversivas.

Durante esas dos décadas las organizaciones independientes denunciaron infinidad de vejaciones y abusos de los militares, que establecían campamentos con personal camuflajeado, como sucedía en los terrenos aledaños a donde cada 14 de mayo, se recuerda la emboscada en que fueron acribillados un grupo de indígenas donde perdieron la vida Nicolás Anastacio, Nicolás Baltazar y Nicolás Tolentino, el argumento para esa vigilancia militar, era la posibilidad de que ahí existieran grupos subversivos.

En 1996, en un escueto comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) daba a conocer que fueron localizadas armas enterradas en las inmediaciones de las comunidades de El Ixtle y Lindero en el municipios de Huahutla, para justificar una nueva exagerada presencia militar en la zona, la que se reforzó dos años después cuando se dijo que la jefatura del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ofreció una conferencia de prensa en la comunidad de Oxale Viejo.

Las voces que cuestionaban y reprobaban esta militarización de una región históricamente marginada, hoy están calladas, ante la decisión de militarizar al país con el decreto del 11 de mayo que mantiene a la fuerzas armadas en las calles y en tareas de seguridad pública, en una acción que por sí sola prueba que fracasó la estrategia de crear la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia en todas su formas; lo grave sería que esto disfrace una medida que este dirigida a reprimir inconformidades sociales ante el crecimiento de la pobreza que deja la emergencia sanitaria y la recesión económica.

Este silencio, está acompañada de la gran contradicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya olvidó que una promesa y compromiso que hizo durante sus campañas fue regresar a los militares a los cuarteles; lamentable pues que aquellas voces críticas hoy  busquen justificar esta polémica decisión presidencial.