Alberto Witvrun.- Nadie pensó que una tragedia ubicaría la atención de la opinión pública en la
administración de justicia con la controversial jueza Janet Montiel Mendoza, que dejó en
libertad con razones jurídicas o no a quien se convertiría en el multi homicida de Azoyatla,
a partir de ahí el Poder Judicial de Hidalgo (PJH) es observada por la sociedad que ahora se
interesa de cómo se administra la justicia.
Surgen casos y se recuerdan otros que generan dudas de que las decisiones de jueces sean
correctas como en la disputa de una gasolinería de Zimapán, municipio mencionado en los
últimos días por el Caso Williams Trejo en el que aparece también Montiel Mendoza.
El despojo de la gasolinería Servicio Lara, la más grande de la zona, se remite a 4 años
atrás, iniciando el afectado dos procesos uno penal y otro mercantil con número 392021;
en el primero no obstante las pruebas aportadas por el Ministerio Público la jueza de
control en Zimapán, Alma Mérida Torres no vinculó a proceso a los 3 presuntos culpables.
En el ejecutivo mercantil 3 años 8 meses después el demandante logra la resolución
favorable de la Tercera Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo (TSJEH) con el voto unánime de los magistrados Jorge Alberto Huerta
Cruz, Marisol López Barrera y de la presidenta Blanca Sánchez Martínez.
juicio que causó ejecutoria el 5 de febrero, porque después del fallo emitido el 17 de
noviembre de 2024, la parte acusada pudo ampararse, no lo hizo y el plazo venció; pero
cinco días después de la fecha de ejecutoria y cerrarse el caso; la magistrada Blanca
Sánchez Martínez, pide al juzgado de Zimapán que el expediente sea devuelto con
urgencia a la Tercera Sala Colegiada Civil y Familiar.
El argumento de acuerdo a oficios a los que tuvo acceso este columnista, es que la parte
acusada sí ingreso el amparo, pero estaba traspapelado, así que un caso juzgado y con
orden ejecutoria por tanto cerrado, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, pretende
ilegalmente reabrirlo, generando la sospecha de intereses oscuros económicos y políticos
atrás de esta potencial violación al proceso judicial.
