Por Rogelio Hernández López
En lo que va del gobierno de López Obrador cada mes se registran un promedio de 24 peticiones para protección federal de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Respecto a 2018 se aceptaron 482 nuevos beneficiarios del Mecanismo federal de protección (24.1 promedio mensual). Por eso, al iniciar septiembre de 2020 podrían sumar ya los mil 280.
Pero el fondo de protección, el presupuesto para operaciones y el personal crecieron en mucho menor proporción que esa demanda. Esto le significan presiones adicionales, pero además se encuentra en escenarios que debilitarían aún más a una instancia federal que ha sido insuficiente.
En los anexos del Segundo Informe Presidencial se define a esta protección como “prioritaria y urgente”, se resalta que en 2019 creció el número de nuevas incorporaciones en 50 por ciento respecto de 2018.
Pero el informe no detalla los diez riesgos que le amagan y que sintetizados derivarían de las directrices presidenciales de austeridad y de la desatención y/o indolencia de gobernadores y presidentes municipales.
Sus riesgos
La oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y algunas organizaciones civiles internacionales conocen un informe sobre la reingeniería institucional que se comenzó a realizar en el mecanismo.
En ese documento se describen “diez escenarios a nivel nacional y en las entidades federativas que pueden impactar su operación”.
Se enumeran seis riesgos posibles por la austeridad:
“1. Recorte presupuestal.
“2. Imposibilidad para la contratación de personal.
“3. Disminución de la plantilla laboral.
“4. Recursos limitados para el Fideicomiso.
“5 Recursos limitados para la realización de los análisis de riesgos.
“6. Recursos limitados para la operación de la Junta de Gobierno.
También se prevé que podría continuar el desapego de compromisos con la federación de autoridades estatales y locales.
(Esta previsión adquiere sustento con el informe 2020 sobre la Libertad de Expresión que difundió en julio el Colectivo de Análisis y Seguridad CASEDE, donde prueba la escasez de leyes, instancias de protección y fiscalías especiales en la mayoría de las entidades de la república).
“7. Respuesta deficiente o nulas acciones por parte de las entidades federativas para la implementación de las medidas y generación de acciones de prevención.
“8. Posibilidad de pérdida del compromiso por parte de las entidades federativas para incentivar la creación y/o consolidación de las Unidades Estatales de Protección.
Entre los posibles escenarios que dificultarían más la transformación y operación del Mecanismo se incluyen también:
“9. Coyunturas políticas en las entidades federativas, y
“10. Proceso legislativo y modificaciones a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Avances en la reingeniería
En los anexos del Segundo Informe Presidencial se resalta que con el incremento en las peticiones de protección se “demuestra la confianza de periodistas y defensores en este nuevo gobierno”.
“A junio de 2020 se cuenta con 1,258 personas bajo protección del mecanismo, de las cuales 396 son periodistas y 862 son defensoras de derechos humanos.
“Al 1 de diciembre de 2018 se encontraban incorporadas tan solo 798 personas, lo que muestra un incremento del 57.6%.”
En ocho párrafos en total el informe enuncia la reingeniería que se ha trazado para el Mecanismo en atención a las recomendaciones de la ONU, así como algunos de los cambios que se realizan:
“Se solicitó una evaluación externa a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual derivó en 104 recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado mexicano para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección Federal.
“Para mejorar la eficiencia del Mecanismo, se detonaron acciones de atención inmediata de todas las solicitudes de intervención, incorporación expedita, preparación y elaboración de análisis de riesgo. Se utilizó una metodología que asegura un enfoque diferencial y perspectiva de género; abordaje de los casos bajo una lógica de Estado; así como el seguimiento puntual de las medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno.
Algunos otros de los avances de estos cambios que se han informado del Mecanismo son
La designación de un coordinador operativo para todas las tres unidades del Mecanismo. Jorge Ruiz del Ángel quien fungía como coordinador de la Unidad de Reacción Rápida e incorporación de casos, fue ascendido a Director General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y es quien encabeza la reingeniería institucional. Sus líneas de mando superiores son Aarón Mastache, Director General de Derechos Humanos y el subsecretario del área, Alejandro Encinas.
Operativamente se unieron en el área de protección a las unidades de reacción rápida y la evaluación de riesgos. Por ello se autorizó la contratación de algunos especialistas para reforzar esas unidades y se incrementaron los cursos y talleres de capacitación para la renovación de los protocolos y metodologías que se enuncian en el informe presidencial.
Está en tránsito también el diseño de un programa de la tercera unidad del mecanismo, la de Prevención que debe atender el criterio estratégico que se anuncia en el anexo del Segundo Informe de Gobierno: “La construcción de una política pública de atención y prevención es la apuesta clave para abordar la violencia advertida en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Para esto último se ha atienden también las recomendaciones de la ONU y se registra la participación de expertos de organismos internacionales como Reporteros sin Fronteras y otros.
Pero, como se advierte en el plan de reingeniería institucional son tres los factores indispensables para que pueda continuar la transformación interna del mecanismo y estar en capacidad de atender el incremento inusitado de la demanda de protección:
Que la austeridad no le impidan consumar los planes, que los gobernadores cumplan con los compromisos pactados y que ellos y las autoridades municipales pongan voluntad para frenar la violencia contra estas actividades esenciales para la paz y la libertad de expresión.