Juan M. Pérez.-Por el delito de fraude la regidora de Pachuca, Olivia N, fue vinculada a proceso por el delito de fraude, acusada de recibir dos millones 250 mil pesos por concepto de un predio que vendió, pero del que no era propietaria, además de que el lugar estaba embargado.
La defensa de la funcionaria municipal solicitó la no vinculación a proceso tras argumentar que la presunta comisión del ilícito ocurrió el 12 de febrero de 2018, cuando Olivia N firmó un contrato de compraventa por cinco millones de pesos con la víctima de nombre Ofelia, a quien le prometió otorgar un terreno localizado en barrio Carboneras en Mineral de la Reforma.
A partir de la firma de dicho documento y hasta la presentación de la querella que ocurrió el 15 de abril de 2021, pasaron tres años con dos meses y tres días, por lo que la defensa de Olivia N consideró que el delito había prescrito, lo que a su vez implicaría la extinción de la causa penal.
Sin embargo, el Ministerio Público señaló que el ilícito no se cometió de forma instantánea, sino de manera continuada, toda vez que a partir de la firma del contrato y hasta el 12 de julio del año 2020, Ofelia le entregó a Olivia N un total de dos millones 250 mil pesos a través de dos recibos elaborados a mano y de siete cheques del banco HSBC.
Por lo anterior, el representante social indicó que tomando en cuenta la última fecha, no había motivo de prescripción, situación con la que estuvo de acuerdo la juez de control, quien resolvió que si fue continúo.
Porque existió una pluralidad de acciones cuando del 12 de febrero de 2018 al 12 de julio de 2020, Olivia N mantuvo engañada a la víctima con el propósito de obtener ilícitamente el dinero.
La jueza también analizó si dentro de los hechos existió un dolo de tipo civil o penal; al respecto, explicó que en el primer supuesto existiría un incumplimiento de contrato, lo cual no ocurrió porque desde el principio Olivia N sabía que no iba a poder entregar el inmueble que estaba vendiendo porque no le pertenecía y, en consecuencia, decretó que se trataba de un dolo era penal.
Por lo anterior, resolvió la vinculación a proceso y fijó un tiempo de tres meses de investigación complementaria que concluye el 28 de febrero de 2023.