Por Rogelio Hernández López
Este 22 de septiembre me asaltará un miedo adicional a los que, de por sí, se han acumulado en
demasiados periodistas profesionales de México: el temor de hablar a un público con tanta gente
de la abogacía. No, no me dan miedo los abogados, aunque habría momentos en que sí.
Mi temor, es más bien de no lograr convencerles de que, quienes tenemos la función social de
informar, necesitamos decenas, cientos de abogados especialistas en libertad de expresión y
periodismo para enfrentar los efectos de la crisis humanitaria y estructural que nos alcanza en las
formas más inverosímiles y violentas.
Antes de eso, debo agradecer al doctor Moisés Moreno Hernández, Presidente de la Sección de
Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y al colega Fred Álvarez por
haberme invitado, inmerecidamente, a ser expositor en esta mesa con gente del más alto nivel: los
doctores e ilustres juristas Luis Raúl González Pérez y Ernesto Villanueva y con los
destacadísimos periodistas: José Reveles Morado, Gerardo Albarrán de Alba y Jesús Salazar
Rojas.
Ante tal audiencia y distinguidos expositores me siento como cordero en sabanas de leones.
Entonces, para contrarrestar esa sensación –como diría Carlos Monsiváis–, voy a documentar su
pesimismo para que también se sientan frágiles.
Sobredimensión de problemas.
No cometo infidencia si les cuento una tristeza y describo nuestros miedos.
En 2010 ya se manifestaban plenamente varias crisis entre periodistas, algunas de causas
estructurales, que nos fueron haciendo extremadamente vulnerables y que, por supuesto, fueron
afectando negativamente los derechos a la información y a la libertad de expresión de la
ciudadanía.
En 2010, era casi general y desesperante la ausencia del Estado para enfrentar tales fenómenos.
Ante ello, un grupo de 14 periodistas y tres abogados, de los muy pocos especializados en
libertad de expresión y periodismo, decidimos formar una asociación civil para buscar
alternativas: La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP).
Esta asociación, con pocos recursos y personal ayudo a crear de la ley federal de protección,
impartió cursos de autoprotección a colegas de 21 entidades, organizó cuatro encuentros
nacionales, pudo proteger a medio centenar de colegas amenazados, creo una red de 34 Enlaces
en la república que empujaron a la creación de leyes estatales de protección. Lo triste es que La
CDP no pudo sobrevivir por la falta de apoyo institucional. Aquí estamos tres periodistas que
hicimos aquel esfuerzo.
El ciclo aciago contra personas periodistas sigue –más que contra grandes medios– y engendró
muchas zonas de silencio. Hacían y hacen falta decenas de asociaciones como la Casa de los
Derechos de Periodistas o una de alcance y fuerza nacional. Y aun si existiesen no habríamos
podido enfrentar exitosamente los fenómenos que entonces amagaban a la mayoría; fenómenos
que han ido creciendo y que, en 2022 causan muchos miedos entre las y los periodistas más
vulnerables. Cito solo cinco:
UNO. Registrábamos demasiada debilidad profesional debido a deficiente formación académica
y deontológica. Hoy es muy notoria la escasez de ética profesional en demasiados comentaristas
que inundaron, sin capacitación, a medios corporativos y sobre todo en las llamadas redes
sociales. La ineptitud y el dolo en periodismo invocan reacciones enojosas.
DOS. Ya entonces las y los periodistas padecíamos ante empleadores por inequitativos salarios y
prestaciones no profesionales, que además no protegían ante agravios (no protegen), ni facilitan
la capacitación permanente como la que, sí tienen los profesionales de la medicina, de las
ingenierías, del derecho. En sentido contrario la situación laboral empeoró.
En doce años alrededor de 10 mil periodistas perdieron sus empleos fijos. Entre unos 40 mil que
seguimos en esto, la mayoría vio reducidos sus ingresos y prestaciones. La precariedad laboral es
el segundo problema, después de asesinatos y agravios violentos que padece buena parte de
periodistas mexicanos.
Una estampa vergonzosa de esta precariedad es que alrededor del 18 por ciento de total, unos 7
mil trabajan por su cuenta y sin prestaciones sociales. Sobre esto cerca de 700 han sido inscritos
en el IMSS por el gobierno federal y en diciembre se sumarían otros 700 para contar
gratuitamente con cinco seguros que disminuirán un poco su precariedad social y reducirán un
poco su miedo.
TRES. Una de estas grandes vulnerabilidades de los periodistas es por debilidad gremial,
paradójicamente por exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesión. Hoy se
puede probar, en todo el país, la existencia de al menos 400 organizaciones aparentemente
gremiales y unas 2 mil 500 plataformas digitales que pretenden informar y competir con los
corporativos de la industria. No somos interlocutores de los poderes económicos y políticos,
porque nos debilita tanta fragmentación y por la competencia por los pedazos de mercado que nos
dejan los monopolios.
CUATRO. Hace doce años registrábamos malas prácticas, que afectaban al periodismo, por parte
de políticos, servidores públicos (fuerzas de seguridad, gobernantes, ministerios públicos y
jueces). Desde entonces la mayoría de agresiones, amenazas y acoso judicial contra periodistas,
especialmente contra reporteras y reporteros se registraban en municipios y entidades medianas o
flageladas por la violencia. El 70 por ciento de agravios provenían de servidores públicos, hoy
esa proporción ha disminuido a menos del 50 por ciento. Pero eso, es mucho todavía.
Y no eran solo agresiones de servidores públicos, también omisiones ante demandas laborales,
ante amenazas, ante agresiones, ante acoso judicial. La fiscalía federal y las fiscalías de los
estados, en su absoluta mayoría poco han podido hacer frente a las agresiones. Por eso sigue
incrementándose, casi geométricamente, ese fenómeno que es nuestro mayor miedo entre otras
razones porque el crimen organizado creció como el perpetrador más violento contra periodistas:
sus agresiones pasaron del 7 por ciento en 2010 a 34 por ciento en 2022. El flagelo de su
violencia nos alcanzó, igual que a millones de mexicanos.
Los responsables del mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de
derechos humanos difundieron recientemente que el sexenio de Felipe Calderón cerró en 2012
con 101 periodistas asesinados, el de Enrique Peña Nieto con 96 y que en los cuatro años del
sexenio actual ya son 61 las y los colegas ultimados.
Pero, las y los periodistas, no somos las principales víctimas de una crisis humanitaria de grandes
proporciones. Somos sí, de los más afectados por la función pública de interés social que
cumplimos. El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas ha reiterado que esa crisis por la violación de derechos humanos alcanza a todo el
territorio nacional, que se convirtió en una bola de nieve que trascendió a establecerse como un
problema estructural.
CINCO. Había, hace doce años un régimen legal injusto, porque privilegió al mercado de la
información y porque su acaparamiento vulnerabilizó a cientos de empresas pequeñas y a miles
de periodistas. Predominaba también la penalización injusta a deficiencias de nuestro trabajo y
aunque las sanciones se pasaron a códigos civiles prevalece lo penal en diez estados. Entonces
también había insuficiencia legal para la protección y fomento del ejercicio profesional.
Hoy existe una maraña legal en México, más que andamiaje, con más de 40 normas que tienen
relación con nuestra profesión (14 estatales, 9 federales, 6 referencias constitucionales, más los
tratados y convenios internacionales); normas que, siendo tantas, no han logrado reducir los
efectos negativos en contra de las y los periodistas vulnerables, entre otras cosas porque no se
atinó en reconocer completos los catorce derechos profesionales que existen en otros países.
Algo de lo que falló
En esa maraña jurídica, hay cuatro reglamentaciones que urge cambiar porque se convirtieron en
retenes para la protección del periodismo y la justicia ante los riesgos y la impunidad. Estas son:
la ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Código
Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR.
La Ley federal de protección que en 2012 creo al Mecanismo de Protección hoy está totalmente
rebasada porque su alcance es solo de carácter federal cuando, en contraste, la mayoría absoluta
de amenazas, riesgos y agresiones suceden en los estados de la federación.
Las cifras más o menos actualizadas por diversas fuentes, indican que han firmado convenios de
colaboración 29 gobiernos estatales y un ínfimo número de gobiernos municipales, pero
únicamente 14 estados tienen leyes relativas y sólo cuatro entidades tienen mecanismos o
instancias de protección que funcionan.
Y no se diga del incumplimiento de la Fiscalía (federal) Especial para la Atención de los Delitos
contra la Libertad de Expresión porque no atiende la mayoría de agravios y asesinatos por atender
mal su capacidad de atracción justificando que no le autorizan el Código Penal Federal, el Código
Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR y por eso responsabiliza a
las procuradurías estatales, que normalmente son reflejo de las omisiones de los gobernadores y
tampoco cumplen su función de procurar justicia ante este fenómeno. La impunidad ahora oscila
entre el 89 y el 95 por ciento en todos los casos de asesinatos.
Ayudar al cambio que viene
Este veterano reportero piensa que la mayoría de juristas mexicanos ya sabían de todo esto que
ocurre a periodistas y al periodismo. O quizá este fenómeno se les pierde en la gran nube negra
de la crisis humanitaria nacional.
Nos han prometido que antes de acabar 2022 el Subsecretario Alejandro Encinas presentará una
iniciativa estratégica para crear una política de Estado basada en una nueva ley de protección para
defensores y periodistas. Esto sería estratégico porque quieren que esa ley sea de carácter general,
que privilegie la prevención y obligue a los estados de la federación a cumplir con protocolos
nacionales y también a las fiscalías todas para reducir la impunidad. Estrategia que,
presumiblemente propondrá reformar otras leyes que faciliten la adquisición de fortalezas
profesionales a periodistas y defensores.
En los foros de Parlamento Abierto, que se planean para esas iniciativas en el Congreso de la
Unión, tenemos que empujar para que se amplíen las medidas de prevención como la sustancia de
la protección integral con reformas a varias otras leyes y que permitan establecer claramente los
14 derechos profesionales para ejercer el periodismo.
Derechos que, según nuestra experiencia, nos permitirían
la autodefensa, nos respaldarían para cumplir mejor
nuestra responsabilidad social de informar con libertad y
seguridad y para que, en última instancia, sean las y los
periodistas profesionales (más que las empresas
comerciales) quienes garanticemos la fluidez y calidad de
la información de interés público que necesita la gente.
(Ver gráfico adjunto)
Lo que he intentado al exponer una síntesis, es justificar
que una política de Estado, para enfrentar este y otros
aspectos de la crisis humanitaria, requiere también de miles de abogados éticos en los gobiernos
de todos los niveles, en las fiscalías, en la sociedad civil organizada.
Y, las y los periodistas también necesitamos urgentemente abogados conocedores de las
entretelas del periodismo y de la libertad de expresión para paliar algo de lo negativo que nos
alcanzó de la gran crisis, más específicamente, en momentos en que se abre una coyuntura en el
terrenos del derecho con una nueva ley y reformas a otras.
En ese marco pugnaremos para que se cumpla mejor el derecho a la justicia por agresiones y
asesinatos de periodistas.
Nos urge también que las propuestas de reformas en esa estrategia, para una política de Estado,
también ajusten la definición de periodista en la ley general que se prepara, porque su amplitud y
ambigüedad en la ley actual obliga teóricamente a proteger a toda persona usuaria de la libertad
de expresión, pero, en los hechos, las fiscalías solamente deciden perseguir esos delitos cuando
suponen, a priori, que las víctimas estaban ejerciendo el periodismo en el momento de la
agresión.
Parte de esa estrategia sería insertar más penalidades, o incluso declarar como delito grave la
obstrucción o agresiones contra el ejercicio de informar en periodismo en el Código Penal
Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR.
Y para otros derechos que permitan a los periodistas más fortalezas profesionales tendremos que
insistir al Presidente de la República y a las y los legisladores de las dos cámaras del Congreso de
la Unión que hagan suya la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del
Impuesto sobre la Renta que ya presentó en el Senador Emilio Álvarez Icaza, para adicionar un
capítulo que reconoce como de interés público la función social del trabajo de periodista para
garantizarle trato profesional en prestaciones y darle facilidades para fundar empresas de servicio
social informativo no lucrativas.
Y para todo eso y hacer realmente vigente los derechos para ejercer el periodismo con libertad y
seguridad reitero que necesitamos un titipuchal de abogados que nos ayuden a ayudar a la
vigencia de los otros derechos de la ciudadanía. Mirada de reportero