Miguel Ángel Martínez. Tlaxcoapan.- La mañana de este martes, funcionarios sindicalizados de la alcaldía de Tlaxcoapan iniciaron un paro laboral de brazos caídos en protesta por las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del presidente, Jaime Pérez Suárez, y ante el incumplimiento de prestaciones contenidas en el contrato colectivo.
Los inconformes advirtieron que no se reincorporarán a sus actividades hasta que el mandatario local no cumpla con los beneficios previamente acordados. Presumieron que no quiere cubrir con los beneficios legítimamente ganados “sino que pretende nadar de muertito” de aquí al final de su gestión para heredar el problema a la próxima alcaldesa, Teresa Olivares Reyna.
En entrevista, el líder del sindicato, Aldo Augusto Morales Malo, dijo que el conflicto surge porque Pérez Suárez no quiere cumplir con los tiempos en que les tiene que proporcionar los beneficios a los que tienen derecho como sindicalizados, pese a que los gastos están presupuestados en los egresos de 2024.
Indicó que la negativa del presidente municipal alcanza, además del aniversario, la entrega de uniformes, primas vacacionales y garantía de la seguridad social para los empleados hasta el término del periodo, el 5 de septiembre próximo.
Morales Malo condenó que, aunque desde noviembre de 2023 se pidió prever las circunstancias que este día los llevan al paro, no han recibido respuesta alguna por parte del Ejecutivo local, “a pesar de que hemos enviado al menos cinco oficios, desde entonces no nos han hecho caso”.
Por último, el líder gremial denunció que recientemente despidieron a cuatro trabajadores que acababan de ingresar al sindicato, y para hacer el correspondiente finiquito, Jaime Pérez utilizó el argumento de que los exempleados no tenían facultad, lo que es una clara violación a sus derechos humanos.
La falta de cumplimiento de beneficios marcados en el contrato general de trabajo afecta a por lo menos 86 empleados sindicalizados. El paro laboral también se da como protesta ante el reciente despido de cuatro de los últimos ocho integrantes del gremio debido a que eran de reciente ingreso. Morales Malo acusó por ello una violación a los derechos humanos de los extrabajadores.
El alcalde Jaime Pérez Suárez dijo estar en contra de las nuevas incorporaciones al sindicato porque se trataba de empleados que eran de confianza o eventuales y argumenta que el municipio ya no puede financiar al sindicato porque cada uno de los integrantes cuesta al ayuntamiento al menos 6 mil pesos adicionales al sueldo que devenga por su empleo asignado en el organigrama de presidencia.
