Alberto Witvrun.- El asesinato de Francisco Xavier Obando Hernández y Román Gil Hernández en julio de 1988 en Michoacán junto con el “ni lo veo, ni los oigo” de Carlos Salinas de Gortari fortalecieron el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se convirtió en una oposición seria que debilitó al sistema tanto que 22 años después el Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó el hartazgo social para en 2000 ganar la presidencia de la República.
Circunstancias y causas totalmente diferentes, pero otra vez dos homicidios levantan la inconformidad social en esa entidad y la indignación en todo el país, por la actitud emprendida por el presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo que emprendió una lucha frontal contra la delincuencia en esa municipalidad y sobre todo por la forma en que fue ultimado en un evento público.
Semanas antes el productor limonero Bernardo Bravo también fue ultimado después de denunciar extorsiones a los productores, lo que ya había generado un clima de tensión y malestar social en Michoacán, donde hace tiempo la delincuencia ha crecido y a decir de ciudadanos michoacanos tiene varios gobiernos que no los han podido frenar porque los grupos delincuenciales han mutado.
La indignación social, se plasmo en la bofetada de una señora al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la funeraria de la que tuvo que salir escoltado; para que un día después se desbordaran los ánimos en la capital con una manifestación que se tornó en daños al palacio de gobierno, lo que desde luego no debe suceder ni justificarse, porque siempre habrá quien saque provecho de ello.
Este escenario obliga a una acción directa del gobierno federal, para evitar que esto contribuya a la descomposición social que ya vive el país y que a la gran mayoría no conviene porque no falta quien vea en Michoacán la oportunidad de obtener beneficios políticos reprobando todo lo que haga el gobierno federal, porque lo menos deseable para todos es que le vaya mal a México.