Tula.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista González, exigió que se atienda y se resuelva el conflicto que se provocó por el cierre de la planta Clarimex (ubicada frente a la refinería Miguel Hidalgo), ya que hay 600 trabajadores que sufren por el deficiente trabajo de la secretaría del Medio Ambiente estatal (Semarnath).
En entrevista, el también diputado local por el distrito de Tula, reveló que en tres ocasiones los trabajadores de la firma han acudido a la máxima tribuna del estado para pedir que se autorice la operación total de la planta de carbón activado al 100 por ciento, ya que de momento funciona sólo al 30 por ciento, lo que perjudica las fuentes laborales y de ingresos de los trabajadores de la empresa.
En marzo de 2018, las operaciones de Clarimex fueron interrumpidas por las constantes quejas ciudadanas sobre los estragos de la contaminación que expide la empresa al medio ambiente y por las afectaciones a la salud pública, sin embargo fue reabierta cuatro meses después tras pagar una multa de 5 millones de pesos y ejecutar medidas de mitigación a la alta polución que ocasionaba,
Desde ese entonces, los obreros de la factoría sufren afectación a su economía familiar, puesto que les pagan de acuerdo a la productividad que tengan; al no funcionar al 100 por ciento la planta, los trabajadores no pueden cumplir con sus objetivos.
En ese tenor, Baptista González reiteró que se debe dar atención al caso; dijo que si la empresa contamina pues que se cierre definitivamente, “pero si no que se abra definitivamente, porque mientras hay 600 familias que sufren los estragos de la tibieza y omisión de la secretaría”.
Consideró que el titular de la dependencia, Benjamín Rico Moreno no hace “su chamba” de manera adecuada y lo llamó a ponerse las pilas para que realmente pueda estar a la altura de las exigencias de gobierno, “para bien atender a la ciudadanía”.
Dijo que recientemente envío un oficio a la Semarnath para hacer colocar el tema en la agenda de Benjamín Rico, pero que el funcionario se molestó y en lugar de prestar atención al conflicto, sólo se enojó y dijo que el Congreso no es autoridad para inmiscuirse en temas de esa naturaleza, ni para pedir la resolución de los mismos.
Por Miguel Á. Martínez