Alberto Witvrun.- Al director del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Simath) Humberto Cabrera
Román, se le trabaron las velocidades con los “ajustes” a la ruta Téllez – Hospitales, porque todo
indica que oculta información o engaña a la secretaría de Movilidad y Transporte Lyzbeth Robles
Gutiérrez y de paso afecta la imagen del gobierno estatal en aras de sus intereses que no son
transparentes, lo que puede impactar electoralmente en 2024 en los municipios metropolitanos.
Esta ruta que entró en operación en julio de 2022 fue creada para resarcir el daño patrimonial a
171 permisionarios a quienes les retiraron sus colectivas para la operación del Tuzobus y que
fueron presuntamente defraudados por Joaquín Gutiérrez García en la empresa: Corredor Felipe
Ángeles SAPI, que fuera hasta ahora la única concesionaria; lo que en base a estudios técnicos de
movilidad evitó que los usuarios de la ruta Téllez – Hospitales utilizaran tres colectivas, ahorrando
20 pesos por viaje.
En un primer comunicado de “ampliación de ruta”, Simath no mencionó que la medida fuera por
el embargo de las 60 unidades por parte de Santander; fue hasta el segundo que se argumenta
esta medida, que se hubiera evitado si interviene; lo extraño es que dicen desconocer que esto
sucedería, pero no explican porque rentaron con anticipación al banco el Centro de Transferencia
Modal (Cetram) donde están guardadas las unidades embargadas.
Otro punto oscuro es porque contrataron en Zumpango, Estado de México las unidades que
“metieron a trabajar” violando la Semot la legislación vigente al ponerlas a circular con la clave del
Corredor 1 es decir del Tuzobus, lo que genera la sospecha de que serían para sustituir a las
unidades alimentadoras, además sin placas y sin tarjeta de circulación, lo que la Semot no permite
al transporte público de pasajeros.
Los afectados que por segunda ocasión pierden su patrimonio, acusan que hubo plan con maña
porque la ruta era redituable, cuando fue retirado el transporte público federal de pasajeros, pero
en los últimos meses les permitieron a diferentes líneas volver a operar en esa ruta y acusan que
entre ellas están las que son propiedad del transportista mexiquense Javier Ancona, para quien
trabajó Cabrera Román.
