Alberto Witvrun.-La presidenta municipal de Actopan Tatiana Ángeles Moreno tras la arbitraria detención del ciudadano Juan José Molina Montufar priista convertido al morenismo antes de las elecciones del 2018 quien se caracteriza por buen trato y análisis del acontecer estatal y nacional, sostiene que la oposición a su magna obra de la ciclovía está politizada y se niega a aceptar que es un legítimo reclamo popular.
Pero no tardó en emerger la punta de iceberg del enojo de la titular del ejecutivo municipal, porque circula la copia del contrato para realizar las modificaciones a las vialidades para la operación de la polémica pista para bicicletas que se justificó asegurando que el ayuntamiento había recibido asesoría de un país europeo para el proyecto de movilidad de la capital de la barbacoa.
La obra con un costo de 999,905.12 pesos fue otorgada mediante asignación directa, es decir no hubo concurso para cotejar costos y aprobar la mejor propuesta, lo que da transparencia, aunque es legal la aprobación, pero esto genera dudas de la forma en que se lleva la administración pública, porque se dan como este caso de conflicto de interés si se checa el contrato.
La obra fue realizada Comercializadora y Transportes San Javier S. A. de C. V. representada por Francisco Javier Ángeles a quien se le atribuye ser primo hermano de la presidenta municipal lo que de comprobarse deja en situación muy incómoda a la ex diputada perredista, que inició su gobierno denunciando una serie de supuestas redes de corrupción en varias áreas del ayuntamiento.
Por eso crece el malestar social por la detención y la forma en que esta se hizo de Juan José Molina, porque su oposición a la ciclovía que comparten muchos otros vecinos y comerciantes de las cinco arterias por la que cruza este proyecto, más cuando no hubo responsabilidades que fincarle y él puede proceder legalmente por el abuso de autoridad, mientras que su argumento de que hay intereses políticos detrás se viene abajo porque el afectado fue uno de los actopenses que votaron por ella.
Por ello decidieron cancelar la ciclovía, lo que significa que un millón de pesos de recursos públicos fueron a parar sin ninguna utilidad social a manos de una empresa privada, por mentir de que el ayuntamiento fue asesorado por una oficina del Reino Unido, cuando no estudio técnico se realizó, lo que indica que fue una obra a capricho e interés si se confirma que la empresa es de su primo de la presidenta municipal.