Alberto Witvrun.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Hidalgo (SUTSPEH) creado en 1980 con una maniobra del gobernador Jorge Rojo Lugo
aprovechando que los burócratas pugnaban por una organización para defender sus
derechos y mejorar sus condiciones laborales, pero el trasfondo político fue dejarle una
cuña política a su sucesor Guillermo Rossell de la Lama.
El sindicato que aglutinaba a los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, ilegalmente con derecho a huelga con un contrato colectivo de trabajo que lo
ubicó en el Apartado A y no en el B con condiciones generales de trabajo como lo marca la
legislación y entregado a un grupo de universitarios del que sobresalía Gerardo Sosa
Castelán haciéndolos pasar por trabajadores del gobierno.
Desde ahí, se preparó el asalto a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) creándose el
poderoso Grupo Universidad que le impuso muchas cosas a Guillermo Rossell y sirvió para
retar al gobierno de Adolfo Lugo Verduzco, que nunca cedió, por el contrario, en
diciembre de 1987 la 53 Legislatura reformó la ley, que establece un sindicato por poder y
los ubica en el Apartado B.
El gobierno de Lugo Verduzco aprovechó que el diputado local Sabas Salinas González a
quien Gerardo Sosa heredó el sindicato, estaba prófugo por el homicidio de una mujer en
el bar Porkys, lo que facilitó la reforma; Sosa Castelán regresó a la defensa legal e intentó
conservar el control con Néstor Quintero; no lo consiguió, ya sin pertenecer al clan Sabas
Salinas regresó al sindicato, en una especie de transición.
A un sindicato ya sin fuerza llegó hace 3 lustros Víctor Licona Cervantes que se reeligió sin
oposición, hasta que con el cambio de régimen le disputaron la dirigencia, lo que provocó
una crisis ya de tres años, que llevó a la cárcel a Licona Cervantes y a que la autoridad
laboral no entregara la toma de nota y a dos interinatos el de Manlio Herrera e Israel
Guarneros, ahora en un nuevo proceso al que señalan de amañado hay cuatro aspirantes.
Berenice Cornejo Ureña, Oscar Villamil García, Patricia Martínez González y Raúl González
Gómez, que fueron impedidos por trabajadores que acusaron irregularidades y la mano de
funcionarios del gobierno estatal, que ven al sindicato un botín político, no la posibilidad
de generar mejores condiciones para los trabajadores del Poder Ejecutivo, pero esta
tragicomedia continuará este fin de semana.
