Por Rogelio Hernández López
La revista radiofónica de Radio Educación el Fin Justifica los Medios ya cumple 32 años y 8 meses. Allí
se hace un recuento semanal de lo que ocurre en la industria de los medios de comunicación, el
periodismo y entre periodistas. Son pocos los espacios que lo hagan. El 9 de junio, los conductores,
Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez invitaron a Juan Bautista Aguilar y a este reportero. Y en una
hora no alcanzamos a revisar la cantidad de hechos trascendentes ocurridos en nuestro medio ambiente,
menos pudimos ponderar que en once días consecutivos hubo seis noticias alentadoras que podrían
mejorar la difícil situación de quienes informan profesionalmente y que, la mejor es el notable aumento de
periodistas activistas por sus derechos.
Disminución de los índices de impunidad. El mismo jueves 9 de junio el subsecretario federal de
Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó en Palacio Nacional que ya habían sido identificados
los cuatro presuntos asesinos de las periodistas de Cosoleacaque, Veracruz, Yesenia Mollinedo Falconi y
Sheila Johana García, y que dos ya estaban en prisión preventiva.
Pero además agregó que de los nueve casos de ese tipo de homicidios registrados por el gobierno federal
en 2022 “ya hay 26 detenidos o buscados con órdenes de aprehensión”, que 19 están vinculados a proceso.
Esa disposición política y actuación no había visto en el gobierno federal. Un factor es que en todos los
asesinatos de este año hubo protestas de periodistas, dos simultáneas en más de 25 estados en enero y
febrero más la presión sistemática de colegas cercanos a las víctimas para que se haga justicia.
Disminución de la precariedad social. En la mañana del 7 de junio, Jesús Ramírez Cuevas el
Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia anunció el primer programa federal de seguridad
social para periodistas que acrediten serlo desde al menos un año antes y que trabajen por cuenta propia.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se estimó que se beneficiaría a 6 mil 26 con
los cinco seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social (enfermedades y maternidad; de riesgo de
trabajo; de invalidez y vida; de retiro o de cesantía por vejez y de guarderías y prestaciones sociales. En
meses siguientes difundirán facilidades para adquisición de vivienda con el Infonavit y se realizará un
padrón riguroso de beneficiarios (Ver http://imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia).
Este anunció desató en redes sociales discusiones entre periodistas con tres enfoques: un segmento acusó
que es una medida clientelar del gobierno federal que se apropia de una demanda muy sentida de
periodistas vulnerables para atraerlos hacia sus posiciones, como son los “chayos corruptores del te pago
pago que no me pegues”. Por otro lado, si hubo una buena cantidad de colegas que de inmediato
ingresaron al sitio web para inscribirse y que además calificaron el anunció como positivo y afirmaron que
quienes necesitan la seguridad social son muchos más que los estimados. Y una tercera posición fue la de
tasar ese programa como incompleto y “alcahuete” de las empresas de prensa si no se les obliga a que
cumplan con las leyes laborales.
Esa efervescencia entre periodistas, tanto en lo individual como en forma colectiva, tuvo una expresión
más razonada e integral por parte de los abogados laborales y periodistas de varias entidades del país que
se organizan en torno al Colectivo Tenemos que hablar, fundado en 2016. En un documento que emitió el
mismo 7 de junio sostienen que “el Seguro social para periodistas es necesario, pero (el) programa federal
no resuelve problemas estructurales” y en un sinfín de preguntas dicen: “¿qué garantía existe de que las
empresas no utilizarán este programa para cambiar sus esquemas de contratación para trasladar los costos
al Estado -como lo han hecho antes-?; ¿acaso no previeron que favorecerán la contratación de trabajadoras
y trabajadores bajo el esquema de honorarios y la eliminación de puestos de trabajos asalariados?…”
(http://tenemosquehablar.org.mx/pronunicamientosegurosocialperiodistas/).
Este colectivo ha crecido en adhesiones en varias entidades del país, sobre todo desde que en febrero de
2020 intensificó su pretensión de crear un sindicato nacional y modificar las leyes que reconozcan el
carácter profesional del trabajo de los periodistas.
Aceleran diálogos por la nueva ley general de protección. El proceso que inició la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Segob para incentivar la participación de personas defensoras de derechos y de
periodistas en el país se intensificó con diálogos en fechas más cercanas. Originalmente se preveían seis
reuniones regionales. Ya van ocho y seguirán otros hasta julio. Los foros se iniciaron en la Ciudad de
México, siguieron en Oaxaca, Sonora, Tepic, Cuernavaca y Tijuana. El séptimo se inició en Guadalajara
el 30 de mayo y el octavo en Morelia los días 7 y 8 de junio.
En estos diálogos ha ido creciendo la cantidad de periodistas participantes, no obstante que se realizan en
días y horas de labor reporteril. Otro elemento es que, como en Cuernavaca, Tepic, Tijuana los
trabajadores del periodismo, se ponen de acuerdo para presentar documentos con propuestas que rebasan
los linderos de lo que debe ser la ley, se demandan mejores condiciones laborales y sociales contra la
precariedad, más atención y protecciones de las autoridades locales. Un caso muy destacable, por ejemplo,
fue el colectivo Niunomás de Michoacán (que agrupa a periodistas de varios municipios) que presentó un
documento bastante punzante el primer día del foro.
Además de recordar la falta de justicia en sus 14 colegas asesinados y 6 desaparecidos de 2006 a la fecha
los representantes del colectivo Niunomás exigieron “no caer en la simulación pretextando que la Ley (que
se prepara) fue consultada, y que se vea puntualmente reflejada la participación que periodistas y
defensores de derechos humanos en la iniciativa que habrá de turnarse al Poder Legislativo” Y como en
los demás diálogos demandaron también que se precise mejor la definición de quienes hacen labor
periodística profesionalmente: La nueva ley, asentaron tiene que prever “prevea definiciones claras y
precisas al respecto, tomando en cuenta que el ejercicio periodístico también se cristaliza a partir del
trabajo colectivo de mujeres y hombres que lo hacen posible editando, corrigiendo, imprimiendo o
distribuyendo, y que en estados como Michoacán, la experiencia demuestra que son copartícipes de los
riesgos que implica la labor informativa.” (https://www.facebook.com/niunomas.michoacan.3)
Se viabilizan reformas para reconocer 13 derechos para ejercer el periodismo. En consultas con
Senadores el 30 de mayo se conoció que prácticamente todos los grupos parlamentarios “vieron con
buenos ojos” la iniciativa que presentó el 22 de febrero el legislador independiente Emilio Álvarez Icaza
para reformar la Ley Federal del Trabajo y del Impuesto Sobre la Renta. En ellas se pretende reconocer 9
derechos para quienes ejerzan el periodismo profesionalmente, derechos que se sumarían a otros cuatro ya
asentados en otras leyes. El motivo central es que las empresas de prensa cumplan con el pago de salarios
profesionales y prestaciones laborales, incluida la protección en misiones peligrosas. La propuesta se
examina en comisiones. (https://emilioalvarezicaza.com/iniciativa-de-ley-para-proteger-derechos-laborales-y-
sociales-a-periodistas/)
Lo que agranda la posibilidad de estas reformas es que, para el segundo periodo de sesiones del Congreso
de la Unión, según han informado en la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal presentará no solo
la nueva Ley General de Protección, sino otras relacionadas, entre ellas para asentar derechos laborales de
periodistas. Eso otorga todavía más viabilidad a la iniciativa de Álvarez Icaza porque las comisiones
legislativas tienen que dictaminar juntas a las iniciativas relacionadas más recientes.
Lo que sobresale es que, en los diálogos por la nueva ley de protección, la demanda de legislar contra la
precariedad laboral la han expuesto periodistas en los ocho foros y también que decenas de colegas
participaron en el diseño de las iniciativas del Senador Independiente en cinco reuniones. En esto, ha sido
intensa y muy sensible la participación de periodistas para empujar legislaciones por derechos para
ejercer.
Se pide definir en México un día de las personas periodistas. En el 38 aniversario del asesinato del
columnista Manuel Buendía Tellezgirón, el 30 de mayo, un grupo de ocho periodistas entregó a Ricardo
Monreal en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República un
proyecto de decreto para que, como cámara de origen del Congreso de la Unión, haga suyas ocho
consideraciones para decretar el 30 de mayo como el Día Nacional de las Personas Periodistas.
En los argumentos se refiere que la fecha del 7 de junio no representa a los trabajadores del periodismo
porque se decretó como la referencia de un pacto de libertad para las empresas de prensa más influyentes
con el gobierno federal pero no benefició a quienes viven de este trabajo y, en sentido contrario, con el
tiempo fueron estigmatizados por los arreglos en las cupulas y las malas prácticas. La propuesta la
firmaron 115 colegas de 14 entidades del país (27 mujeres y 88 hombres).
La mejor noticia, es que crece el activismo de periodistas por sus seguridad y derechos. Como se
percibe en las cinco noticias referidas, todas reflejan que cada día aumenta la participación de los
trabajadores del periodismo para enfrentar las dificultades que les asolan como personas y como
profesionales.
Esto contrasta con la baja participación que había, por ejemplo, en 1990 cuando un puñado de organismos
y de periodistas pugnaron por establecer un salario mínimo profesional que solo se fijó para reporteros y
foto reporteros de prensa escrita. Entonces operaba una Coordinadora de trabajadores de Medios con la
Unión de Periodistas Democráticos (UPD) como factor principal –hoy inexistente—y la unidad con los
sindicatos de redactores de prensa, de la Jornada, de Notimex, Radio Educación, Canal 11 y TV UNAM.
Eran demasiados pocos las y los activistas en el medio periodístico.
Y en estos once días de mayo y primera semana de junio, ya se percibe que son cientos de mujeres y
hombres del periodismo que no solo protestan ante agresiones sino que también se convirtieron en factor
de empuje de hechos alentadores en dos sentidos: son activistas honorarios que impulsan procesos con
propuestas: para disminuir los altos índices de impunidad en los asesinatos, para contrarrestar la
precariedad social, para exigir que sea real una ley nacional de protección, para el establecimiento de leyes
que les reconozcan derechos laborales y profesionales . Y para conseguir que la mayoría de la población
mexicana les reconozca y respalde su labor por lo menos en un día.
Alienta que haya más activistas periodistas, pero aún faltan muchos de convertirse y dejen atrás el rol de
objetos de explotación en el trabajo, de maltrato, de corrupción de empleadores y políticos, de objetivos
de agresores y los violentos; que dejen de ser objetos y se conviertan en sujetos de acción por sus
derechos y su seguridad. En estos once días se mostraron indicios de que esa conversión ya se inició, pero
todavía faltan muchos. Mirada de reportero.