Juan Manuel Pérez.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rebeca Aladro Echeverría, encabezó la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura en la que se aprobaron dos instrumentos fundamentales para fortalecer la seguridad institucional: los Lineamientos en materia de Seguridad y Vigilancia, y el Protocolo de Seguridad para las personas servidoras públicas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
El Protocolo de Seguridad establece directrices claras para proteger a juezas, jueces y personal judicial frente a posibles amenazas, agresiones o incidentes derivados de su labor jurisdiccional. Este instrumento garantiza acompañamiento institucional y refuerza que ninguna persona trabajadora del Poder Judicial enfrente sola situaciones de riesgo.
Aladro Echeverría destacó que este protocolo busca un entorno seguro para el ejercicio pleno de la justicia, reafirmando la prioridad de proteger a quienes representan el corazón de la institución.
Por su parte, los Lineamientos en materia de Seguridad y Vigilancia establecen normas, procedimientos y responsabilidades para prevenir y reaccionar frente a riesgos en los inmuebles judiciales. Incluyen protocolos de actuación ante posibles emergencias, manifestaciones o amenazas, y la creación de la Unidad de Enlace y Protección Institucional, encargada de coordinar, supervisar e implementar todas las acciones de seguridad.
La presidenta enfatizó que la aprobación de estos lineamientos representa “un paso firme hacia un Poder Judicial más sólido, más consciente y cercano a las necesidades reales de su gente”.
En la misma sesión, el Pleno aprobó los lineamientos que regulan la presencia de animales de asistencia, apoyo emocional y compañía en las instalaciones judiciales, promoviendo entornos accesibles e inclusivos para personas con barreras invisibles.
Con la implementación de estos instrumentos, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo reafirma su compromiso de garantizar la seguridad, protección e integridad del personal y la ciudadanía, consolidando un modelo de justicia seguro, profesional e inclusivo, donde la vida y bienestar de quienes integran la institución son prioridad absoluta.