Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Policías municipales y damnificados de las inundaciones del pasado septiembre intercambiaron golpes al concluir la manifestación que los afectados mantenían frente al ayuntamiento en protesta por haber recibido la donación de parte de colchones reciclados, como si se tratara de artículos nuevos.
Los camastros ya habían sido usados por lo menos en tres ocasiones y contienen huellas de orines, heces fecales y hasta chinches en su interior.
Previo al enfrentamiento cuando los inconformes intentaron sacar de la presidencia municipal al presidente Manuel Hernández Badillo los vecinos de diversas localidades apilaron decenas de colchones frente a la puerta del palacio municipal y alrededor de las 18:30 horas, les prendieron fuego.
Los manifestantes exigieron una explicación del acto de corrupción al Ejecutivo tulense, a quien solicitaron aclarar el costo en que se facturó la totalidad de los somieres donados como “ayuda” a los damnificados por la inundación.
Cabe resaltar que, de acuerdo con la solicitud de transparencia 130225900000822, dirigida a la Tesorería municipal, que está en poder de Vía Libre, fueron 763 colchones matrimoniales e individuales los que se compraron a tres proveedores: Comercializadora Nassim S.A. de C.V. a la persona física, Erandeni Yunnuen León López y a Expomuebles San Lorenzo.
Por los artículos se erogó la cantidad de 979 mil 679 pesos y 56 centavos, es decir, cada producto tuvo un costo promedio de mil 280.051 pesos, a pesar de que, de acuerdo con una investigación del grupo Unidos por Tula (UxT), los jergones reconstruidos tuvieron un costo real de entre 50 y 100 pesos.
Pidieron la intervención del gobernador Omar Fayad Meneses, la Contraloría estatal y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), para que ayuden a aclarar el caso de posible corrupción y que se haga pagar al Ejecutivo local o a quien resulte responsable, sea funcionario público o integrante del ayuntamiento, “porque esta situación no se vale… es lo más bajo que le han hecho a Tula”.
Fueron quemados cerca de 50 colchones. Al término de la protesta, representantes del movimiento, como Berenice Pecina Jiménez y María Cruz Cruz, denunciaron que varios de los enlaces con todos los damnificados, aglutinados en la Gran Asamblea de Afectados Tula 2021, denunciaron que ya algunos han sido víctimas de actos de represión por parte del gobierno municipal por “andar de revoltosos”, por lo que responsabilizaron de lo que les pueda pasar al alcalde Manuel Hernández o a los miembros de su administración.
Pese a los actos de intimidación y que dos manifestantes fueron golpeados por la Policía municipal durante la protesta que llevaron a cabo, los líderes del movimiento sostuvieron que no se dejarán amedrentar y que seguirán con sus actos de protesta hasta que el gobierno en funciones pague el atentado contra la salud que hizo en contra de la población.
Indicaron que su lucha seguirá porque reclamar por el atropello de los colchones y por el bien común de los damnificados es una causa justa, por lo que este acto de cobardía y corrupción no debe quedar impune.
