Arturo G. Alanis / Jocelyn Andrade.- Pisaflores.- Se agrava la crisis institucional en este municipio tras el asesinato del presidente municipal Miguel Bahena Solórzano, porque la mayoría de regidores no aceptan que asuma la titularidad el suplente Silvestre García Márquez quien inició un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), mientras tenía lugar aquí una manifestación en su contra.
Por segunda ocasión la mayoría de regidores rechazó que García Márquez sea llamado a rendir protesta como presidente municipal, por ser suplente del recién fallecido Miguel Bahena conforme la Ley Orgánica Municipal al ser parte de la planilla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Mediante comunicado, el cabildo informó que sesionó el jueves 13, a fin de notificar al Pleno edilicio sobre la solicitud de Silvestre García en la que pidió «no ser omisos» a los integrantes del órgano colegiado.
Detallaron que derivado de esa notificación; tres regidores se pronunciaron por tomar protesta al suplente, para no incurrir en alguna omisión o acto ilegal, sin embargo, siete reiteraron su negativa.
Señalan que Silvestre García, tiene antecedentes de violencia incluso tuvo una denuncia en su contra y la mujer detenida en Querétaro con Johny René “N” a quien las autoridades señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Miguel Bahena, es familiar del suplente por ello se oponen.
Mientras en numerosa manifestación habitantes externaron su rechazo a que Silvestre García asuma la presidencia municipal y exigieron justicia para Miguel Bahena, en la plaza principal de la cabecera, afirmaron: «No queremos a Silvestre como presidente», «El pueblo pone y decide», «Fuera Silvestre de Pisaflores», plasmaron en cartulinas y exhibieron fotografías del presidente municipal asesinado.
Ante ello Silvestre García presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) un juicio para protección de sus derechos político-electorales, recurso que busca que el Ayuntamiento cumpla con la obligación constitucional de convocarlo para rendir protesta como presidente municipal.
Antes, entregó a la autoridad electoral su constancia de no antecedentes penales y carta de no inhabilitación; expedidos por instancias estatales que acreditan no enfrenta restricciones para ocupar el cargo y no existe impedimento jurídico para cumplir con la responsabilidad otorgada por el electorado.