Oliver García.- El gobierno de Hidalgo sancionó a mil 241 servidores públicos en el primer semestre de 2021, la mayoría con amonestación, pero también con inhabilitaciones y suspensión del cargo, por no presentar su declaración patrimonial, incentivar el maltrato animal o incumplir sus funciones para el correcto suministro de agua.
Fue destituida de su cargo e inhabilitada por un año Tomasa Granados Reyna, como directora de la Telesecundaria 470 en Xothi, Chilcuautla, debido a que el 13 de septiembre de 2019 permitió que al cierre del evento con motivo de la conmemoración de la Independencia se llevara a cabo una pelea de gallos, menciona el expediente DGR/07/2021.
La Contraloría de Hidalgo impuso la misma pena a Ana Karen Cruz López, quien se desempeñó 7 años, un mes y 15 días como técnico de Atención Primaria a la Salud, por no presentar su declaración de situación patrimonial modificatoria en mayo de 2020, señala el expediente DGR/066/2021, resuelto el pasado 23 de junio.
Sin embargo, aunque la no presentación de este último requisito es un tema recurrente entre los servidores públicos, el castigo que se impone es distinto en cada caso. La mayoría reciben una amonestación y otros son inhabilitados por tres meses, como el caso del personal de la Policía Industrial Bancaria, docentes, ministerios públicos o trabajadores de la Salud.
Tres catedráticos y una persona que forma parte de personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) fueron destituidos e inhabilitados por tres meses por no cumplir este requisito en mayo del año pasado: María Rosalba Cruz Carbajal, Emmeline Vega Alanís, Renato Bretón Olmos y Carlos Arturo Olivares de la Torre.
Por tardarse 62 días en emitir la orden paras la reconexión de un servicio de agua, después del pago, Erick Escorza Castro, fue suspendido 15 días de su encargo en Atención a Usuarios de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), dice el DGR/1500/2020.
La misma sanción se aplicó a Gloria Aguilar Sánchez, en el mismo organismo, porque no cotejó de manera adecuada los documentos necesarios para llevar a cabo el cambio de nombre del titular de una cuenta y toma de agua.