El procedimiento de revocación de concesiones por operar fuera de ruta o municipio asignado, iniciado semanas atrás por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) amenaza a varias empresas, entre ellas las del llamado Zar del Transporte, Joaquín Gutiérrez García: Autotransportes Urbanos y Suburbanos de Hidalgo y Servicios Generales del Tercer Milenio, se conoció ayer, a pesar de que la dependencia en un comunicado de prensa, no da nombres ni cantidades, aunque se habla de entre 300 y 400 permisos que pueden ser cancelados.

Apenas el 12 de abril, Pedro Solares Cuevas presidente de la Federación de Trabajadores del Volante (FUTV), pidió a la Semot meter al orden a los taxis piratas y aseguró que en Pachuca operaban alrededor de 300, con placas sobrepuestas o bien con permisos asignados a otras regiones del estado, lo que representaba una competencia desleal además afectaba la calidad del servicio de transporte público de pasajeros.

La Semot), a través del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), confirmó la medida en un comunicado: contra una red de empresas transportistas, en virtud que se presume han incurrido sistemáticamente en anomalías, y con ello violan  la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Agrega: que el procedimiento lo lleva la Dirección de Normatividad quien detectó presuntas irregularidades en diversas rutas operadas por estas empresas, por lo que inició investigaciones, pues serían violatorias de la Ley; una vez concluidas se determinó el  procedimiento de revocación de todas las concesiones de las que son titulares dichas empresas, como lo señala la Ley.

La principal causa que motivó la diligencia, fue uso premeditado de unidades para el servicio del transporte público individual o colectivo en rutas o municipios diferentes a los autorizados, mediante la alteración de la cromática, pretendiendo engañar dolosamente a la autoridad, lo que sancionan los artículos 253, 256, 301 de la nueva Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo.

Por lo anterior, se decidió actuar conforme al artículo 287 de la Ley, que establece “que esta autoridad podrá imponer separadamente el catálogo de sanciones”, entre ellas, la revocación de la concesión, la cual se consideró procedente en este caso y reiteró el compromiso de hacer cumplir la ley vigente para erradicar viejas prácticas y elevar la calidad del servicio.

Por Vía Libre/ Manuel Castellanos