Juan Manuel Pérez.- La transición hacia el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares requerirá recursos financieros y considerar la situación de cada Poder Judicial, sus realidades y diferencias, expuso la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, magistrada Rebeca Aladro Echeverría, durante la reunión de tribunales con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Aladro Echeverría participó en el encuentro de trabajo entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con 25 Tribunales Superiores de Justicia de distintos estados, convocada por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez.
Destacó la necesidad de considerar las particularidades que presenta cada Tribunal y preservar las innovaciones que algunos han aplicado para la implementación exitosa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares expedido en abril de este año.
“Es imprescindible que el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales considere la asignación de los recursos necesarios financieros, tecnológicos y de asesoría técnica para que en todos los poderes se logre la transición”, expuso.
En Hidalgo cada año inician un aproximado de 42 mil asuntos en materia civil y familiar, lo que representa el 73.54 por ciento de la carga en el estado contra 10.41% que corresponde a casos en materia penal.
“La ciudadanía delega en nosotros la solución de sus conflictos, es por ello que estamos aquí atendiendo la convocatoria del Conatrib para exponer las consideraciones, que al ser atendidas, nos permitirán a cada Poder Judicial avanzar hacia un acceso efectivo a la justicia y con ello contribuir a la construcción de la paz social que los mexicanos hoy tanto nos reclaman”, manifestó la presidenta del Poder Judicial de Hidalgo.
La magistrada puntualizó la importancia de la infraestructura para implementar el nuevo sistema de justicia, pero también el de la capacitación y uno de los retos más difíciles será una transición efectiva de los roles del personal jurisdiccional.
Que participará de los procedimientos orales que les permitan asumir nuevos roles, por ello la necesidad de incrementar el presupuesto regularizable destinado a servicios personales para contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares capaz de proporcionar certeza jurídica.