Itzell Molina.- El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso reforma la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de Hidalgo.
El diputado local; Julio Valera Piedras, explicó que la iniciativa se pretende conceptualizar como violencia institucional la discriminación proveniente de los servidores públicos, haciendo diferencia con la discriminación que ejercen otros sujetos sociales de la vida pública y privada.
Puntualizo que con esto buscan que el tema sea considerado y se diseñen estrategias más asertivas para erradicar esta práctica entre los funcionarios públicos, ya que la violencia institucional se define como los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos o comunidades.
Informó que de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020 hecho por el INEGI, en 2019 aumentó 34.7 por ciento, con respecto a 2018, la cantidad de servidores públicos sancionados por recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Organismos Protectores de los Derechos Humanos (OPDH), pues pasaron de 588 reportes a 792.
En este sentido, Valera Piedras, destacó que el 43.3 por ciento de los servidores públicos sancionados por los OPDH provenían de una institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad en el ámbito municipal, 26.2 por ciento de una institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad en el ámbito estatal, 9.9 por ciento de la presidencia municipal, 8.2 por ciento de la PGJ y el 3.9 por ciento de la SEP.
Por lo anterior, recalcó la importancia de reforzar con eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, garantizando la no violencia institucional en contra de personas, grupos o comunidades, así como la debida diligencia en la actuación de los servidores públicos.
“Definir la violencia institucional como aquellos actos u omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos o comunidades, también, se incluye contemplar como medida preventiva en contra de la discriminación y a efecto de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a derechos y oportunidades el generar mecanismos para garantizar el respeto, la no discriminación y la no violencia institucional por parte de los cuerpos de seguridad y servidores públicos”, finalizó.