Juan Manuel Pérez.- Por los delitos de tortura física, verbal y sexualmente a una persona
de la diversidad sexual actualmente recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso)
de Tulancingo, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) emitió una recomendación a
colaboradores de la Procuraduría General de Justicia.
En el año 2007, la víctima fue detenida y trasladada a la PGJEH, en donde fue agredida
física, verbal y sexualmente por ocho agentes; además fue obligada a declararse culpable
de los actos que se le imputaban.
Para la investigación del caso, la Unidad Especializada de Investigación en Tortura (UNIT)
de la CDHEH aplicó el protocolo de Estambul y determinó que Jessi presenta algunas
reacciones psicológicas que son frecuentes en víctimas sobrevivientes a un evento de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Además, se acreditaron las violaciones a los derechos de integridad y seguridad personal y
a no ser sometido a tortura sexual, cometidos por los agentes de la ahora División de
Investigación de la Procuraduría.
Por ello, Ana Karen Parra Bonilla, titular de la CDHEH, recomendó al encargado de la
PGJEH ofrecer una disculpa pública a la víctima e investigar penalmente a los agentes
involucrados, pues aunque los hechos datan del 2007, el delito de tortura no prescribe.
También se pidió inscribir a Jessi al Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; además, se buscará la
intervención de la Defensoría Pública de Hidalgo para realizar los trámites necesarios para
que la víctima pueda acceder al reconocimiento de la identidad de género.
“Esta recomendación marca un precedente en la investigación de violaciones a derechos
humanos, pues es la primera que cuenta con un protocolo de Estambul emitido por la
Unidad Especializada de Investigación en Tortura de la CDHEH en la cual se acreditó
tortura sexual”, concluyó la ombudsperson.
Actualmente, Derechos Humanos de Hidalgo investiga 49 casos de probable tortura en la
entidad; los expedientes son del periodo 2017-2024; elementos de la Procuraduría
General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal son los principales
denunciados.
