Alberto Witvrun. Tepeapulco.- Grave problema legal enfrenta la presidenta municipal Marisol Ortega López obligada a “abrir” un receso en la asamblea ordinaria para revertir el acuerdo de donación de un predio de 600 metros al Banco Bienestar, por no contar con quorum; luego de que cinco regidores la denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades (NUC: 12-2023-07797).
La también presidenta del Consejo Político de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se quedó sola al presentarse sólo ocho regidores opositores que abandonaron la sala de cabildo antes de la sesión y ninguno de los diez que aprueban sus iniciativas, generándose una crisis de gobernabilidad y queda expuesta al procedimiento penal, así que 20 minutos después de la hora citada ella y su secretario fingieron la asistencia de seis regidores para declarar un receso y ganar tiempo.
La adquisición del predio fue a sobre precio porque el valor catastral es de millón 620 mil pesos y el ayuntamiento lo compró en 3 millones de pesos y la aprobación de la donación que tenía que ser por mayoría calificada es decir por 12 de 18 integrantes del cabildo, por lo que la presidenta municipal incurrió en irregularidades que generaron la denuncia en su contra.
La situación legal para Ortega López se complica más debido a que sin autorización de la asamblea utilizó recursos para rellenar y emparejar el predio, donde ya se construye por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la sucursal del Banco Bienestar, lo que implica la utilización de recursos federales en un predio cuya situación legal es indefinida por la crisis que existe en la asamblea municipal.
Trascendió que la presidenta municipal Marisol Ortega inició intenso cabildeo para conseguir en la reanudación de la sesión ordinaria que los regidores que no asistieron a su convocatoria acudan y le aprueben revertir el acuerdo de donación para eludir la denuncia en su contra por Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, que la conduciría a enfrentar un proceso penal.