Oliver García.- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideró que la determinación del Tribunal Colegiado, ratificó que el proceso contra Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la UAEH, fue “acorde a derecho”.
“Creo que esta decisión mantiene lo que siempre habíamos dicho, que en el caso de Sosa Castelán, había utilizado la universidad como un botín político. Yo siempre estoy convencido, y soy egresado de universidades públicas, creo que hay que fortalecer a las universidades públicas, pero este caso en particular era una lesión hacia el propio bienestar de la universidad y de las y los universitarios”.
El ex rector fue recluido el 31 de agosto de 2020 en el penal del Altiplano, por presunto delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, mediante la triangulación de recursos provenientes de la institución entregada a empresas fachada y que terminaba en cuentas de familiares, según la causa penal 263/2020.
El 3 de febrero pasado, su defensa consiguió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, para cuidar su estado de salud.
La revista Proceso publicó que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le negó un amparo en revisión a Natalio Zamudio Isbaile, operador financiero de Sosa, quien buscaba anular una orden de aprehensión emitida hace dos años y por la que está prófugo, ya que existen indicios de su relación en el uso de cuentas de la casa de estudios para el desvío.
El exfuncionario participó en el foro anticorrupción organizado por el candidato morenista Julio Menchaca Salazar. A propósito de su visita, fue cuestionado sobre el respaldo de miembros del grupo político encabezado por Sosa –que arribaron a Morena en 2018 y luego también al Partido del Trabajo– ahora sumados a la campaña. El apoyo del “Grupo Universidad” fue ofrecido de manera pública por los petistas en el arranque de actos proselitistas.
“Yo sólo puedo pronunciarme respecto a lo que conozco, que es el caso particular de Sosa Castelán, que fue el que me tocó denunciar, en su momento, ante la Fiscalía general de la República (FGR), inclusive mandar información al gobierno del estado de Hidalgo en cosas que pensaba que podían ser de competencia local. Respecto a los sistemas políticos, yo no soy político, soy técnico. Esa ha sido mi postura en el servicio público”.
Aseveró que el combate a la corrupción es parte de la agenda política del senador, en temas como no permitir la impunidad y en acciones para disminuir el robo de hidrocarburo.