Alberto Witvrun.- Tras cincuenta años de promesas incumplidas a partir de la inauguración de la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos (Pemex) el 18 de marzo de 1976 Tula de Allende y
su región de influencia que incluyen once municipios vio deteriorado su ambiente natural
y social por una mezcla de factores que terminó con sus ríos de aguas transparentes y su
tranquilidad provinciana alterada por los desequilibrios que generaron los altos ingresos
de los trabajadores de la industria paraestatal con lo que regían en la zona.
Las dos contaminaciones hicieron daño, una la salud y la otra lo social, así paralelamente
la ambiental disparó enfermedades la otra dañó severamente el tejido social lo que se
acrecentó la primera mitad de los 80s al trasladarse la industria de la prostitución que
operaba en Pachuca con el cierre de la Zona de Tolerancia a la Región Tula, donde
encontró caldo de cultivo para desarrollarse.
A esto sucedieron los malos gobiernos de todos los partidos, cuyos políticos aprovecharon
la descomposición para enriquecerse e incumplir compromisos y promesas de campaña,
tricolores, azules y amarillos se enriquecieron y para colmo llegó la inundación de
septiembre de 2021, de la que no se ha podido recuperar la economía regional, esta
mezcla produjo el rechazo al Parque de Economía Circular, porque la ciudadanía ya se
decepcionó de los gobiernos municipales morenistas.
Lo que extraña es que, desde hace meses sobre el escritorio del secretario de Gobierno
Guillermo Olivares Reyna, quien de los funcionarios estatales es quien más insiste en la
narrativa de la transformación, están planteamientos, denuncias y análisis de lo que
ocurre en Tula de Allende y nada se corrige por el contrario empeora y los abusos y
excesos del presidente municipal morenista Cristhian Martínez Reséndiz, llegan al cinismo.
Nadie entiende porque le protegen o toleran tanto al grado que ahora ataca a reporteros
y medios de comunicación y no deja de hacerlo con quien no piensa igual que él o no se le
somete loque junto con la inseguridad hace crecer la percepción de ingobernabilidad, con
costos políticos que ya carga el gobierno estatal, mientras la población se pregunta que
más tiene que pasar en Tula.
