La prevención, atención y sanción a conductas de acoso laboral así como sexual, son las vertientes bajo las cuales fue diseñado el Protocolo Cero, mediante el que se garantiza el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público.
Así lo explicó, el secretario Ejecutivo de la Política Pública estatal (SPPH), José Luis Romo Cruz, quien además señaló que lo anterior fue pensando debido a que en el país han ocurrido diversas situaciones referentes al acoso laboral y sexual, por lo que resulta indispensable generar estrategias que protejan la integridad de los trabajadores públicos.
Puntualizó que ante estas conductas el gobernador, Omar Fayad Meneses, propuso implementar acciones para preservar, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, especialmente los de las mujeres, en congruencia con el objetivo transversal de perspectiva de género.
Por lo anterior, a través de la Secretaría de Contraloría y en coordinación con las Secretarías de la Política Pública, de Gobierno y la Oficialía Mayor, se elaboró el Protocolo Cero, con la finalidad de que al interior de las dependencias y entidades de la administración pública estatal se propicie un proceso de cambio.
Asimismo, el contralor estatal, César Román Mora Velázquez, aseveró la importancia de acatar dichas medidas para erradicar este tipo de prácticas en los centros de trabajos, asegurando una vida laboral libre de acoso, así como garantizar un bienestar tanto para el servidor como a sus familias.
Subrayó que el protocolo no solo busca ser una guía para las víctimas, sino también promueve la cultura institucional de igualdad de género y clima laboral libre de violencia, situación que favorece al rendimiento y compromiso de los trabajadores.
Por su parte, el oficial mayor, Martiniano Vega Orozco, dio a conocer que será a través de su dependencia, que se promoverá́ y vigilará su cumplimiento, y en coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) se definirá́ los contenidos de las acciones de sensibilización, difusión, capacitación y certificación en materia de igualdad.
Añadió que las victimas pueden iniciar sus denuncias o quejas con las personas consejeras, en los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y los Órganos Internos de control.
Asimismo, se anexaría la circunstancia de haber existido antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto activo en contra de la víctima.
Esto debido a que en municipios regidos por sistemas de usos y costumbres se registran numerosos antecedentes de violencia contra las mujeres, así como cuantiosos casos de violencia política en razón de género.
Por Itzell Molina