Laura Elizabeth Trejo.- La legisladora Lisset Marcelino Tovar y Santiago Nieto Castillo, titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), presentaron este jueves 20 de julio la iniciativa de Ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), cuyo objetivo se suma al combate a la corrupción.
De acuerdo con lo expuesto por la legisladora las operaciones con recursos de procedencia ilícita son el resultado del uso de cualquier bien que sea obtenido por comisión de algún delito, siendo este el principal acto ilegal cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
En este contexto, Nieto Castillo precisó que Hidalgo está entre el grupo de ocho entidades del país que no han tipificado esta conducta en el ordenamiento local. Subrayó que la aprobación de esta propuesta permitirá continuar con investigaciones de peculado, narcomenudeo y los procesos de extinción de dominio para la generación de recursos destinados al Instituto Hidalguense para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Además, permitirá fortalecer la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica perteneciente de la PGJH.
La iniciativa presentada adiciona el capítulo VI Bis y se adicionan el artículo 331 Bis, el 331 Ter y el 331 Quáter al Código Penal para el Estado de Hidalgo. Lo anterior con miras a que se considere un delito adquirir, utilizar y destinar valores, derechos y bienes cuando existe una procedencia ilícita.
También se castigaría el ocultamiento de estos procedimientos para blanquear capitales, además como agravante adicional utilizar a menores de 18 años en dicho delito. La propuesta contempla 10 años de prisión para quienes incurran en esta práctica.