Laura Elizabeth Trejo.- Con la finalidad de evitar prácticas monopólicas que beneficien los intereses individuales por encima del interés colectivo, el diputado morenista Fortunato González Islas presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se busca que ninguna persona moral sea titular de más de cinco concesiones para brindar el servicio de transporte público.
Para cumplir con este propósito, el legislador puso a consideración del pleno adicionar el artículo 172 Bis de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, a fin de regular con mayor efectividad los permisos en cuestión.
Lo anterior, detalló, toda vez que actualmente la legislación en la materia no prevé limitación en el número de concesiones que deberá obtener, en comparación con las personas físicas que únicamente pueden obtener como máximo cinco concesiones.
La adición propuesta por González Islas plantea a la letra: “Ninguna persona moral puede ser titular de más de las cinco concesiones que le correspondan a cada uno de los integrantes al momento de su constitución esto incluye el Servicio Público de Transporte Masivo, Colectivo o Individual de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades y depósitos vehiculares; las que excedan de este número serán nulas de pleno derecho”.
Durante su participación en tribuna, el emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional recalcó que a lo largo de muchos años, en anteriores administraciones, los transportistas han sido víctimas de injusticia y corrupción.
“A diario escucho a los concesionarios y operadores y el reclamo es el mismo, concesiones asignadas por comparado o pago de favores, acumulación de hasta 100 concesiones para una sola persona, cobros excesivos en las multas o pagos de sobornos a los inspectores, quienes por cierto ahora hasta califican y cuantifican las sanciones”, recalcó.
En este contexto, recalcó que las concesiones se han convertido en moneda de cambio y que ninguna administración se ha encargado de erradicar la opacidad en los otorgamientos ni de realizar estudios para determinar la necesidad de transporte en comunidades, barrios y colonias.
También urgió a la profesionalización del servicio público en materia de transporte público, sobre todo en lo que refiere a las titularidades, “no queremos inspectores que cobran una renta mensual para avisar de operativos, fomentando con ellos una competencia desleal; de igual forma nos negamos a que profesionistas en otros rubros como la ciencia política se desempeñen en puestos jurídicos, eso es algo aberrante”.
“Exigimos la de los conductores, pero estamos debiendo servidores públicos empáticos, capacitados, con sentido humano, así como estamos debiendo la transparencia en el otorgamiento de concesiones”, puntualizó.