Por Rogelio Hernández López
La gran periodista Sara Lovera me compartió el texto íntegro de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley Nacional Por la Libertad de Prensa que presentó el 11 de septiembre María Soledad Luévano Cantú. Quizá mi colega supuso que podría analizarla y comentarla seriamente.
Quienes lean las 14 páginas de la iniciativa de la senadora zacatecana por Morena no evitarán reírse y pensar que se trata de una broma porque con una sola ley quiere, entre otras cosas, regular la ética de periodistas con un comité especial, obligar a todos los poderes públicos a que ofrezcan conferencias de prensa, bajar a 1 mil 50 millones el gasto publicitario federal (hoy es de un poco más de 3 mil millones) y también reducir ese gasto en estados y municipios.
Pero lo divertido se reducirá al ubicar estas pretensiones en el contexto político actual y entrará la preocupación porque Morena domina el Congreso de la Unión y porque algunas ocurrencias se convierten en acciones o políticas públicas o leyes. En todas las culturas se sabe lo que atribuyen a Cervantes: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
Parece humorada
En un resumen muy forzado se tiene que conocer que la Senadora María Soledad Luévano Cantú quiere una ley nacional en la que participaría como autoridad normativa central la Secretaría de Gobernación que además tendría a cargo un padrón nacional de todos los medios de prensa, esto es nacionales, regionales y locales. Y haría participante al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para realizar y actualizar anualmente dos encuestas nacionales: una, de todos los medios de comunicación y otra de credibilidad de esos medios.
Igual quiere que la experiencia de conferencias de prensa, como las mañaneras, se extienda a todos los integrantes de los tres poderes federales y también a los de cada estado y municipio. Cada funcionario tendría que responder 30 rondas de preguntas en cada conferencia.
Propone hacer obligatorio a que den una conferencia, al menos cada semana en la presidencia de la república; al menos cada mes la presidencia del Senado y de la Cámara de diputados; al menos cada 15 días cada gobierno estatal y al menos cada mes en las alcaldías.
Sin que provoque risas, la legisladora también quiere que esa ley nacional regule el “gasto en publicidad de Estados, Municipios y los tres poderes federales” dando “prioridad a la publicidad oficial enfocada a compañas sociales de concientización (sic).
El criterio mayor para ese gasto en comunicación social que propone la senadora, “deberá ser proporcional, equitativo y prudente”.
En “los poderes ejecutivos de los estados y municipios, su presupuesto de comunicación social no podrá superar el 1% de los ingresos totales provenientes del cobro de impuestos del ejercicio fiscal anterior, en dicho calculo, no se podrá incluir participaciones federales.”
Dice que, en el poder ejecutivo federal, “su presupuesto de comunicación social no podrá superar el 0.03% de los ingresos totales provenientes del cobro de impuestos del ejercicio fiscal anterior, en dicho calculo, no se podrá incluir ingresos petroleros.”
Si hasta aquí prosigue la risa en quienes estén leyendo, atícela al saber que ese 0.03 por ciento de presupuesto para publicidad del gobierno federal significarían 1,050 millones de pesos para todo 2021, en el supuesto que se aprobara, porque la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 (LIF) previó ingresos tributarios por 3.5 billones.
La senadora y sus asesores parece que no se enteraron de que el gasto publicitario en 2019, del actual gobierno federal, fue de un poco más de 3 mil millones de pesos, lo que puso en jaque a la mayoría de medios, especialmente a los que dependen de la venta de espacios al sector público y ahora ella propone reducir eso a la tercera parte, su límite es 1,050 millones.
Además, quiere otras acotaciones “Las dependencias de los poderes ejecutivos federal y locales, no tendrán presupuesto de comunicación social propio, se ajustarán al presupuesto general del poder al que pertenecen (…) y “Tratándose de poderes, organismos y dependencias ajenas a los poderes ejecutivos nacionales y locales, el gasto total en comunicación social no podrá superar el 0.5% de su presupuesto total
Un supercomité de regulación
Para normar ese gasto, las conferencias de prensa y “el respeto mutuo” entre funcionarios y periodistas la senadora propone establecer “un Comité de autorregulación” que también regule a la prensa y cuando un periodista sobrepase los límites de la ética.”
Este Comité de autorregulación de la Prensa, según la iniciativa, sería “un organismo autónomo con Presupuesto y Personalidad propia, formado por una Presidencia y cinco secretarías (todos honorarios), que serán ocupadas por integrantes del gremio por un periodo de 3 años sin posibilidad de reelección inmediata.
“…en caso de que algún representante de los medios de comunicación incurra en actos que vulneren el respeto mutuo que debe existir entre los servidores públicos y los periodistas, el afectado deberá presentar una queja ante el comité de autorregulación y prensa y en caso de que resulte procedente, el comité deberá hacer un llamado público al periodista para comportarse con ética en el ejercicio de su profesión.”
¿Nos preocupamos?
De principio a fin, el documento rebosa confusiones. En los considerandos incluye los problemas existentes en el ámbito de la libertad de expresión y los mezcla con los del derecho a la información y las agresiones contra las y los periodistas, pero por ejemplo dice que periodistas son todos usuario, medio o plataforma que acudan a la libertad de expresión.
La senadora Soledad Luévano (según su ficha en Wikipedia) es contadora pública fue subsecretaria de Finanzas del PRI en Zacatecas, luego directora de compras y oficial mayor del gobierno de Ricardo Monreal Ávila: dirigió la Unidad de Patrimonio y Finanzas del Partido del Trabajo. En 2014 ingresó a Morena y fue electa presidenta municipal de la capital, pero se truncó el cargo por impugnaciones. En 2018 fue electa Senadora por la coalición Juntos Haremos Historia. Quien la conoce comenta que “se ha destacado por tener algunas iniciativas controvertidas.
No es esta la primera iniciativa de ley para normar el gasto publicitario que se presenta a las cámaras. La más reciente la presentó Pablo Gómez y la llamó Ley de Propaganda oficial y allí propuso que el tope fuese de 0.3 por ciento del presupuesto general.
Hay otras que con más precisión proponen reconocimiento, derechos y protección laboral y social para periodistas. Hasta el momento nadie ha propuesto alguna que extienda las prácticas de las conferencias mañaneras como tal…
Sobre el futuro de esta iniciativa quizá haya que recordar que al comenzar 2020 había 2 mil 19 iniciativas presentadas por el Presidente, diputados, senadores y legislaturas locales pendientes de dictaminar. Seguramente porque muchas de ellas son producto de ocurrencias y otras por ignorancia o mal cálculo político.
Al buscar en los diccionarios el significado de ocurrencia se dice de acciones de la persona que tiene humor o dichos o hechos festivos, “caprichoso o extravagante” lo que apunta en sentido contrario a Cretinismo que lo caracteriza “un peculiar retraso de la inteligencia… y falta de talento.”