Itzell Molina.- El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa que tiene por objeto establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en el artículo 150, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Asimismo, se pretende disponer los sujetos, las causas de atribución, el procedimiento y las sanciones a las conductas que quienes han ejercicio el servicio público pueden cometer durante su gestión, instituyendo un instrumento armónico ante el funcionamiento de los órganos del poder, que permita la protección e inviolabilidad de las disposiciones constitucionales, en un margen de reconocimiento, así como mediante un sistema de respeto a los derechos de las personas gobernadas.
Además de conducir un correcto ejercicio de las facultades de gobierno y administración para el mantenimiento del orden público, con tendencia a restablecer la constitucionalidad, bajo una naturaleza que responde a un criterio de oportunidad para exigir un cumplimiento de la misma.
En este sentido, el diputado local, Roberto Rico Ruiz, detalló que el juicio político sólo puede iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, y las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
Por lo que, puntualizó que la Comisión practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso, precisando la intervención que haya tenido la persona servidora pública denunciada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ratificación de la denuncia, la Comisión informará a la persona denunciada sobre la materia de la misma, haciéndole saber su garantía de defensa y que, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación, a su elección puede comparecer o informar por escrito lo que a su derecho corresponda.
Destacó que posteriormente a la realización del procedimiento, si el Congreso, resolviese que no procede acusar a la persona servidora pública, éste continuará en el ejercicio de su cargo, y en caso contrario, se le pondrá a disposición del Tribunal, al que se remitirá la acusación, siendo la propia comisión quien sostenga aquella ante el mismo.
Finalmente, el priista, determinó que la acusación será recibida en el Tribunal, éste la turnará a la Sala Penal correspondiente, la que emplaza a la comisión de diputados encargada de la acusación, a la persona acusada y a su defensor o defensora, para que presente por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento.