Erick Morales.- Castigar con prisión a servidores públicos que autoricen compras infladas es el eje de una iniciativa presentada en el Congreso local por la diputada Mónica Leanett Reyes, de Nueva Alianza, que busca tipificar este tipo de prácticas como delito.
La propuesta plantea añadir el artículo 300 Bis al Código Penal estatal para sancionar con dos a seis años de cárcel y multas de 40 a 200 UMA a quienes aprueben adquisiciones, obras o servicios por encima de su valor real en el mercado.
De acuerdo con la diputada, el planteamiento parte de un problema recurrente: pagar más de lo que cuestan bienes o servicios, lo que reduce la capacidad de uso de recursos públicos y abre la puerta a beneficios indebidos entre funcionarios y proveedores.
Datos del INEGI presentados en su exposición de motivos refieren que en 2023 más de 169 mil empresas en el país reportaron haber sido afectadas por actos de corrupción, mientras que a nivel local se iniciaron en promedio 34.6 investigaciones por cada mil servidores públicos.
Aunque existen mecanismos como licitaciones o auditorías, la aliancista advirtió que en muchos casos no se verifica si los precios contratados están por encima del mercado.La iniciativa señala que estas prácticas deben dejar de atenderse solo como faltas administrativas y pasar al ámbito penal, con el objetivo de inhibirlas. El panorama local contrasta con la actividad en el resto de la entidad, donde municipios como Tulancingo reportaron 55 incidentes, seguidos por Ixmiquilpan con 31 y Zempoala con 21.