Itzell Molina.- El Grupo Legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 22 de la Ley Estatal de Derechos, con la finalidad de exentar de pago aquellos servicios que proporcione el Estado a través del Registro Público de la Propiedad relativos a la inscripción de la Pensión Alimenticia.
A voz de sus compañeros, el diputado local, José Antonio Hernández Vera, subrayó que dicha propuesta está basada en peticiones ciudadanas y compromisos de campaña, ya que el proceso para solicitar una pensión alimenticia suele ser desgastante para las personas que lo demandan.
Recalcó que la complicación no solo es en términos administrativos o económicos, y señaló que en muchos casos algunas de las personas involucradas son sujetas de amenazas por parte de algún presunto, o próximo, deudor moroso, resultado de violencia intrafamiliar.
Comentó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país tres de cada cuatro hijos e hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia. También, dijo que el 67.5 por ciento de madres solteras en el país no reciben una pensión alimenticia.
Además, en de enero a julio del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través del registro de incidencia delictiva del fuero común, tiene contabilizado un total de 13 mil 302 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y en Hidalgo se han registrado 354 casos del mismo.
El morenista, recalcó que el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo dicta de manera clara el proceso para ser acreedor a una pensión alimenticia y que debe llevarse a través del Juzgado Familiar.
A la par, la Ley Estatal de Derechos menciona los costos que tiene la prestación de los servicios del Estado a través del Registro Público de la Propiedad y es que este último tiene la posibilidad de generar un rastreo de los bienes, muebles e inmuebles.
Señaló que la reforma propone que, si alguna persona responsable de un menor no cumple con sus obligaciones de otorgar una pensión alimenticia en tiempo y forma, entrará a un registro estatal y la única forma de salir del mismo es a través de que acredite haber cumplido con el pago correspondiente, se cancele esa deuda o bien se formalice el descuento correspondiente.
“De esta manera, buscamos con la presente reforma reducir costos para quienes tramitan una pensión alimenticia y buscan con ello garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes”, concluyó.