Alberto Witvrun.- En las siguientes semanas la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidal
(PGJEH) y su titular Francisco Fernández Hasbun, enfrentarán dos pruebas de fuego por
los casos más complicados que enfrenta en los casi tres años de la actual administración,
los casos Zimapán y el César M. V. que se desarrollarán en los tribunales y cuyo resultado
dependerá de la integración de las carpetas de investigación que el Ministerio Público
presente a los juzgadores.
Ambos con fuerte carga política, donde tendrá que prevalecer el apego a Derecho, en el
primero la fecha será el 9 de julio, si es que los cinco implicados en el abuso de dos
menores se presentan voluntariamente ante el juez o jueza de control y que de hacerlo
especialistas sostienen que serán detenidos y vinculados a proceso, pero habrá que
esperar porque cuentan con amparos de la justicia federal.
Al gobierno estatal le urge se cierre este capítulo donde está involucrada la diputada local
morenista Alhely M. H., su cuñado y operador político Arturo W. T. L. y tres personas más
porque se ha alargo por tres años y la opinión pública tiene centrada en este caso, que
metió mucho ruido el último año.
Sobre el ex Contralor, su defensa altamente calificada, utiliza todos los recursos posibles,
por lo pronto le gestiona un amparo, para que el detenido en Miami, Florida, Estado
Unidos quede libre de responsabilidad en la llamada Estafa Siniestra, que causó perjuicio
al erario público de Hidalgo por dos mil 500 millones de pesos y en el que existe la
posibilidad que sea tocado el ex gobernador Omar Fayad Meneses.
La especulación sobre ambos casos está en su máximo punto, de ahí que toda atención se
concentra en el actuar de la PGJEH, para que los juzgadores tengan todos los elementos
para emitir sus resoluciones, aunque hay quien asegura que la dependencia saldrá bien
librada de ambos casos.
