Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Los 22 integrantes del Ayuntamiento podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta prisión, por incumplir una sentencia de amparo relacionada con la creación del Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública de Hidalgo, dicho órgano debió integrarse los primeros 30 días naturales del gobierno del morenista Cristian Martínez Reséndiz; sin embargo, a casi 19 meses de iniciado el gobierno, el ente no ha sido conformado.
Ante esta omisión, el ciudadano Arturo Luna Lozano promovió un juicio de amparo ante un juez federal, el cual le fue concedido y quedó firme desde junio de 2025 (817/2025-7).
La resolución obligaba al Cabildo a discutir la creación del consejo desde su primera sesión ordinaria de julio del año pasado.
No obstante, desde el 7 de julio de 2025, fecha en que la figura debió de ser discutida. el tema no ha sido sometido a consideración del pleno, acumulando casi 9 meses en desacato, lo que coloca a todos los integrantes del Cabildo como autoridades responsables dentro del proceso.
Integrantes del colectivo X La Paz y La Dignidad de Tula informaron que el promovente del amparo, Arturo Luna, se encuentra por iniciar un incidente de ejecución de sentencia, con el fin de obligar al Ayuntamiento a cumplir con la resolución judicial.
De concretarse este recurso, los funcionarios municipales podrían ser sujetos a medidas de apremio como sanciones económicas, arrestos e incluso la destitución del cargo en caso de persistir el incumplimiento.
El Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública tiene como objetivo fungir como un órgano de consulta y evaluación, promoviendo la participación social en temas de prevención del delito, justicia y seguridad.