Por Rogelio Hernández López
La reportera llegó por primera vez a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Encontró un sitio muy atrás. Levantó la mano varias veces sin que le concedieran hablar. Cuando el Presidente escogió a otra periodista para la última pregunta ella no disimuló su ansiedad y alzó la voz anorteñada:
–¡Disculpe que interrumpa, pero yo vengo de Sinaloa y requiero que me escuche..!
– El Presidente reaccionó: –¿Por qué no le prestan el micrófono? –. Era la mañana del 25 de noviembre.
— ¡Esa reportera se parece a Judith, la que trabaja de Río Doce, el semanario donde trabajaba Javier Valdez! – pensé, también sorprendido por su arrojo en esa tribuna presidencial.
Ella, entre nerviosa y compungida olvidó decir su nombre y comenzó a relatar una historia de 13 años de penurias que sería inaudita en otro país…
No la reconocí de inmediato por el rostro castigado de angustias o porque quizá, en lo interno me negaba a aceptar que fuera la misma reportera que conocí siete años antes. Es que sus palabras reflejaban un padecimiento atroz de casi 13 años.
Pero sí, era Judith Valenzuela Ortiz. La que vi por vez primera en octubre de 2013 en Culiacán. Ella y otros diez colegas activos en varios medios se inscribieron para participar en la Cátedra de Periodismo que me concedió el Colegio de Sinaloa. Le recuerdo como una colega afable, muy profesional y pulcra para sus trabajos. En 2015 volvió como alumna en mi siguiente cátedra.
Desde 2008 Judith trabajó como editora, reportera y en otras tareas en el semanario Rio Doce, un periódico acreditado en investigación de asuntos políticos y narcotráfico. Ella me llevó a conocer sus instalaciones y me presentó a Javier Valdez. Los tres nos identificamos amistosamente.
Ella ha animado algunas de las jornadas para que se haga justicia por el asesinato de Javier en mayo de 2017, igual participa simultáneamente en actividades del Colegio de Periodistas de Sinaloa y de la asociación de periodistas de Sinaloa 7 de junio, especialmente en asuntos de superación profesional. A colegas así se les desea siempre no enfrentar mayores problemas. Pero…
El sistema
En poco espacio es imposible reflejar los avatares de Judith y cómo ha padecido la pudrición del llamado sistema de justicia. Lo relató en Palacio Nacional el 25 de noviembre, en la conferencia de prensa que ofreció ella y sus abogados el 30 de noviembre, en un escrito que me envió ese mismo día. Véanse algunos hechos:
Ella asume (y es totalmente creíble) que todo fue por su labor profesional de periodista:
En 2008 cuando su hijo, Rafael Méndez, cumplía 20 años fue secuestrado por policías en Valle de Bravo, Estado de México.
Esos policías estatales, otros federales y algunos militares lo obligaron a que firmara una confesión de pertenecer a la familia michoacana.
Aun así, un juez federal del Estado de México lo condenó a 10 años de cárcel.
El 2 de marzo de 2018 completó esa injusta condena, pero no ha sido liberado porque denunció e insiste en que se investigue la acusación falsa y la tortura.
A Rafel le han practicado cuatro protocolos de Estambul (dos independientes y dos “oficiales” por parte del Consejo de la Judicatura Federal y por la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México). Todos concluyen que “Si hay evidencia física y secuelas mentales por acciones de tortura».
Un estudio médico independiente asegura que Rafael “fue sometido a torturas durante esas seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes, asfixia, golpes en los oídos.
Su madre también logró que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conociera el caso y confirmara la tortura. En sus observaciones finales, apunta que también sufrió dislocación de su hombro izquierdo y que sufre de otros traumas físicos y psicológicos.
Ese grupo de la ONU turnó el caso a un tribunal en Suecia y en 2019 éste le ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata del joven y la reparación del daño.
Pero ya pasaron otros 2 años y medio de esa sentencia y la juez federal del Estado de México que lleva el caso ahora (María del Socorro Castillo Sánchez) no decide su liberación ni atiende llamadas. El martes 24 de noviembre de 2020 había aceptado una audiencia y no se presentó.
Corrupción
En los casi 13 años la reportera Judith Valenzuela no ha cejado. Gestionó amparos, revisiones del caso. Buscó y envió cartas a la fiscalía de Sinaloa, a la Fiscalía General, a instancias internacionales, al Presidente López Obrador. Y tras las dilaciones encontró encubrimientos en el llamado sistema de justicia especialmente por denunciar la tortura para arrancar la confesión.
“En opinión del Grupo de Trabajo (de la ONU) … algunos de los retrasos son inexplicables y los obstáculos burocráticos parecen exceder los que normalmente se podrían esperar dentro de un sistema de justicia penal atareado”. Y refiere cuatro de esos retrasos como intencionales.
La más reciente dilación es de la juez Castillo Sánchez, quien cobró trascendencia nacional en julio de 2020 cuando liberó a José Ángel Casarrubias Salgado “el Mochomo”, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esto el Presidente López Obrador dijo en público que hubo corrupción “dinero de por medio” porque era increíble la versión de la juez que lo liberó «por errores técnicos». Esa juez también liberó a Celina Oseguera —, ex coordinadora de los penales federales— de los cargos de evasión de presos a raíz de la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, el 11 de julio de 2015.
Lo más reciente
Por todo eso llegó Judith a la mañanera del Presidente, por eso la conferencia de prensa, por eso se instaló en la Ciudad de México para seguir buscando apoyo y creyó que encontraría una pequeña ayuda de este su colega y amigo.
En una llamada el 2 de diciembre ella me mostró su desencanto porque no ocurrió la entrevista con la secretaria de Gobernación que le ofreció el Presidente. Es que hasta un día después le buscó vía WhatsApp el licenciado Marcos Moreno de parte de Olga Sánchez Cordero para decirle que no sería fácil intervenir por las dificultades de la pandemia, pero que le ayudaría para que el Instituto de Defensoría Federal y le asignara a abogado de oficio así solicitaran a la juez que dicte sentencia lo más rápido posible. O sea, nada a la altura de la Presidencia o Gobernación.
Este reportero apeló a cercanía con Alejandro Encinas Rodríguez, el Subsecretario de Derechos Humanos para que conociera directamente el caso. Él en minutos respondió que se entrevistaría con Judith y el encuentro se programó para el viernes 4 de diciembre.
Este caso de Judith Valenzuela Ortiz, la periodista sinaloense castigada con la encarcelación injusta e intencionalmente prolongada de su hijo requiere más solidaridad de sus colegas.
