Juan Manuel Pérez.- Mujeres víctimas de violencia de género se manifestaron en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), reclamando omisión en sus expedientes y la destitución de la presidenta, Ana Karen Parra Bonilla.
Las quejosas integrantes de las colectivas Mercadita Las Insurgentas Feminista-Protesta, Unión de Madres Protectoras y Colectiva Brujas del Viento, así como mujeres violentadas y madres víctimas de deudores de pensión alimenticia.
De acuerdo con las féminas, sus quejas han sido archivadas y enviadas a la Ciudad de México, por lo que aquí no se les ha dado ninguna resolución, y por ello acudieron a la CDHEH para exigir se revisen los casos.
Son al menos seis situaciones de acoso sexual, agresión y violencia vicaria las que se expusieron en la manifestación, cuyas afectadas recalcan que la Comisión de Derechos Humanos carece de protocolos para atender los casos especialmente que tienen que ver con las infancias.
Señalan que la mayoría de los agresores, y también deudores alimenticios, de quienes colocaron fotografías en un tendedero para ser exhibidos, son trabajadores de Gobierno y algunos ayuntamientos y que, pese a ser posibles agresores, siguen laborando sin complicaciones.
Las inconformes exigieron ser atendidas por personal de la CDHEH y amagaron con regresar acompañadas de más mujeres para exigir con más presión la destitución de la titular de dicho organismo en el estado.
Así mismo, pidieron que sus asuntos sean atenidos en la entidad y no en la Ciudad de México.
Pidieron ser atendidas por la presidenta Ana Karen Parra Bonilla, sin embargo, personal del organismo autónomo notificó que la ombudsperson está en la capital del país.
Las quejosas precisaron que cuando acuden al organismo nacional les indican que no son competentes para resolver sus asuntos y desconocen el motivo por el cual Parra Bonilla remitió los expedientes, en consecuencia, también solicitaron la destitución de la presidenta del organismo autónomo.
«Ella se está deshaciendo de nuestras quejas precisamente porque somos víctimas que estamos al pendiente de nuestros expedientes (…) cuando llegamos a la Ciudad de México nos dicen que al no haber involucrado a ningún funcionario federal, es improcedente».