Juan Manuel Pérez. Tula de Allende.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó esta madrugada una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, en acato a la orden de un juez del Estado de México.
Durante el ooerativo hubo disoaros y sl ciere de está edición las autoridades no dabsn a conocer si hubo heridos, detenidos y si lograro recuperar la planta.
Las instalaciones, están en poder del grupo que encabeza Federico Sarabia Pozo a quien se le identifica con Guillermo Álvarez Cuevas, ambos actualmente detenidos, ademas existen ordenes de aprension en contra de otros 11 integrantes de este grupo.
Testigos, dijeron que alrededor de las 04:00 horas, arribaron a los alrededores de la planta camionetas blancas sin logotipos, de las cuales descendieron personas armadas que ingresaron a las instalaciones; durante esta operación se escucharon múltiples disparos.
La información disponible, indica que el operativo fue ordenado por un juez derivado de una carpeta de investigación iniciada por el Grupo Gran Sur de Víctor Velázquez Rangel. Por ello, las acciones ministeriales están a cargo de la FGJEM, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en breve comunucado.
La presencia de personsl de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y de la PGJEH), es de apoyo con seguridad perimetral, junto con policías municipales de Tula y Atitalaquia.
Es importante precisar que un operativo de restitución se lleva a cabo cuando la autoridad competente determina que existen elementos suficientes para devolver un bien a quien se considera su “legítimo dueño”.
En este caso, el Grupo Gran Surde Víctor Velázquez informó en redes sociales que las acciones buscan restituirles el patrimonio.
Disputa
La planta cementera ha sido escenario de enfrentamientos jurídicos y administrativos entre distintos grupos que contienden la representación legal de la cooperativa. Estos conflictos han derivado en órdenes judiciales, diligencias ministeriales y presencia recurrente de fuerzas de seguridad en diferentes momentos.
El episodio más grave ocurrió en abril de 2022, cuando un intento de irrupción dejó ocho personas muertas. Desde entonces, la pugna legal y física por la planta se ha mantenido latente, elevando la tensión entre trabajadores de ambis grupos.
