Alberto Witvrun.- La anulación de sentencia del juicio abreviado al que se sometió por narcomenudeo el ex diputado local del Partido del Trabajo (PT) Edgar Hernández Dañu por un juez federal, no es el primer revés legal que sufre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
(TSJEH), vuelve a encender luces ámbar, porque se pone en tela de duda
profesionalización y capacitación de que presume la magistrada presidenta Rebeca Aladro
Echeverría.
Hernández Dañu, siendo legislador local, fue detenido en un cateo en su domicilio de
Cardonal en posesión de droga y en ese momento se dijo que también de armas,
generando una serie de dudas en el proceso, hasta lograr arraigo domiciliario que le fue
retirado y ahora mediante amparo logró la anulación de la sentencia de cinco años que le
habían dictado, mediante juicio abreviado así que habrá que esperar que sigue.
Internamente se atribuye a que el juicio abreviado debió solicitarlo el Ministerio Público
ante de iniciado el juicio normal, pero lo cierto es que el Poder Judicial arrastra varios
casos cuyas decisiones han sido cuestionadas como la no vinculación a proceso de los
inculpados en el Caso Zimapán que permitió la especulación de que Arturo W. T. L. tenía
“protección política” por ser operador electoral de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).
Luego vino Azoyatla, caso donde un ex policía municipal de Mineral de la Reforma
cometió multihomicidio con su ex pareja, sus padres y un hermano, después de ser
liberado por una jueza a pesar de la denuncia de privación ilegal de la libertad de quien
termino victimada, junto con su familia.
Otro caso, es el juicio por una gasolinera en Zimapán en el que se intenta dar marcha
atrás a la sentencia ya ejecutada, por un documento que se entrepapelo en el escritorio
de una juzgadora, así que la capacidad no de todos, pero si de quienes llevan casos con
implicaciones políticas, está en tela de duda y algo tendrá que hacer Aladro Echeverría
para cambiar la percepción.
