Laura Elizabeth Trejo.- En el marco de la sesión ordinaria 133 del Congreso local, fue presentada ante el pleno una iniciativa que apuesta por que las personas acusadas de violencia en todos sus tipos, y deudores alimenticios no puedan aspirar ni ocupar un cargo en el servicio público.
Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derechos para ocupar cargo o empleo en la administración pública cuando exista de por medio una sentencia por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual. También está contemplada la violencia política de género.
Fue la diputada Marcia Torres quien recordó que el 28 de octubre del 2020, mediante el acuerdo del INE/CG517/2020, la declaración “3 de 3 contra la violencia” fue creada con los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“En ese sentido, se considera que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas no detentan antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género”, recalcó.
En su oportunidad, la legisladora del PT Elvia Sierra Vite expuso que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se destaca que la tasa de crecimiento promedio anual de homicidio doloso a nivel nacional para el periodo 2020-2022 ha experimentado una disminución significativa en comparación con el estado de Hidalgo; mientras que en México disminuyó a un ritmo de 4.5 por ciento, en la entidad fue de 2.4 por ciento.
A su vez, en lo que respecta a la violencia familiar y los delitos contra la libertad y seguridad sexual, subrayó que la tasa de crecimiento promedio anual en Hidalgo se ha ubicado por debajo de la media nacional para el periodo 2020-2022. En el estado, el crecimiento fue de 10.3 por ciento y de 20.4 por ciento en delitos contra la libertad y seguridad sexual, en contraste con lo experimentado en el país, ya que ambos se incrementaron en 11 por ciento y 23.5 por ciento, respectivamente.
Además, en Hidalgo el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con el promedio anual nacional. En efecto, mientras que en México creció a un ritmo de 17.1 por ciento, en Hidalgo fue de 22.6 por ciento.
“De lo anterior, se deduce la importancia que tiene fortalecer nuestro marco jurídico para promover una cultura de responsabilidad y cumplimento de las obligaciones hacia la familia, que todo ser humano tiene con sus hijos, cónyuge y padres”, finalizó.