Laura Elizabeth Trejo.- El diputado Octavio Magaña Soto presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca imponer multas de diez a 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el equivalente a entre mil 37.4 y hasta 8 mil 299.2 pesos, a quienes reparen vehículos que invadan la vía pública cuando esta actividad se realice de manera habitual o permanente.
Su propuesta consiste en adicionar el artículo 128 bis de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo.
Además de la multa por la comisión de esta infracción, el legislador del Partido Verde Ecologista de México también propuso que los vehículos sean asegurados y remitidos a los depósitos autorizados y para su liberación será necesario que se acredite la reparación de los daños que se hayan causados al medio ambiente, si los hubiere.
De acuerdo con el legislador, el artículo 28 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, en su fracción VI visualiza la prohibición de reparar vehículos que invadan la vía pública cuando la actividad se realice de manera habitual o permanente.
“Sin embargo, la ley es omisa en señalar las consecuencias ante ese actuar indebido por parte de quienes generalmente inciden esta falta y no son los conductores de la unidad, sino propietarios o trabajadores de talleres de reparación, sin considerar que al repararse vehículos no sólo se acota la libre circulación de peatones y otros vehículos generando un exponencial riesgo de tránsito, sino que lo más grave es que esta actividad daña el medio ambiente, genera contaminación visual y también un manejo incorrecto de aceites lubricantes que al derramarse en nuestras calles constituyen un residuo peligroso con alto grado de contaminación”, recalcó.
Además, como parte de una estrategia de prevención, Magaña Soto señaló que la medida también hará responsables a los propietarios de los vehículos de recurrir a talleres de reparación que garanticen su seguridad, la de sus unidades y que cuenten con los espacios para realizar las reparaciones sin afectar derechos de terceros, como la vía pública y el medio ambiente. Su estrategia busca contribuir con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, en el cumplimiento de los objetivos de protección y gestión de largo plazo del medio ambiente, preservación de los recursos naturales y mitigación de los efectos del cambio climático.