Miriadas dañan a comunidades; piden intervención  de autoridades

Miguel Á. Martínez. Atotonilco de Tula. Pobladores de la comunidad de San Antonio, El Portal y San José Acoculco, demandaron al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) atender urgentemente la problemática de salud pública generada por una plaga de moscas, proveniente de la Planta Tratadora de Aguas Negras de Atotonilco (PTAR).

Los colonos que, prefirieron no ser identificados, aseguraron que, en las últimas semanas, la situación se ha agravado, al grado de que los enjambres de moscas atacan a los animales de granja, derivado de lo cual, les causan la muerte.

Los habitantes denunciaron las condiciones insalubres con las que viven a consecuencia de la operación del complejo de tratamiento desde hace ya más de 10 años, ya que el complejo de tratamiento se asentó a menos de 500 metros de sus hogares, lo que es causa de malos olores y la presencia de fauna nociva.

Incluso, recordaron que en el pasado se han tenido casos en que los insectos incuban en cuerpos de los niños que son mordidos por los insectos para depositar luego sus huevecillos.

Ante la desesperación por el actuar omiso de autoridades de los tres niveles de gobierno, los quejosos advirtieron que acudirán a Palacio Nacional a intentar entrevistarse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien pedirán instruir a la Conagua y a las Secretarías del Medio Ambiente y de Salud atender a la brevedad posible la emergencia sanitaria.

Uno de los quejosos, que prefirió no identificarse por temor a represalias rememoró que, entre el 17 y el 20 de septiembre de 2018, ante el llamado de la ciudadanía, acudieron a su localidad diputados de la LXIX legislatura encabezados por Noemí Zitle Rivas, Areli Miranda Ayala y Ricardo Baptista González, a prometerles solución definitiva para el caso, la cual nunca llegó.

La problemática de salud pública para los pobladores de San Antonio, El Portal y San José Acoculco, en Atotonilco de Tula comenzaron con las primeras pruebas que realizó el complejo, en febrero de 2013, antes de su entrada definitiva en operaciones, el 24 de diciembre de 2015.

En 2018, integrantes de la LXIX legislatura del Congreso local, reconocieron la gravedad del tema, y fue Ricardo Baptista González, exdiputado por el distrito XIV de Tula, quien prometió que plantearía a la dependencia federal la reubicación de cerca de 500 viviendas de la zona, ya que esta era prácticamente inhabitable.

El alcalde Jaime Ramírez Tovar dijo anteayer en reunión con delegados de las comunidades ya referidas que les ofrecería todo su respaldo para resolver la emergencia de salud pública generada por la PTAR, pero sin precisar cómo.