Mineral de la Reforma- La síndico jurídico Johana Monserrat Hernández Pérez consideró un “tema político” la controversia constitucional 223/2019 interpuesta por el ayuntamiento contra la Secretaría de Obras y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
Luego de que la dependencia estatal envió un oficio el 3 de mayo informándole al municipio que carecía de la facultad para emitir licencias de urbanización, toda vez que no cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, la alcaldía acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el argumento de que se violentan sus atribuciones y autonomía.
En el acuerdo fechado 20 de junio, previo a la admisión de la demanda, la SCJN solicita en un plazo de 5 días a partir de la notificación aclarar si el presidente municipal Raúl Camacho Baños cuenta con la legitimidad para interponer el recurso.
Esto es así, porque el alcalde está facultado y puede asumir la representación jurídica del ayuntamiento sólo si los síndicos –en este caso Hernández Pérez– estén impedidos legalmente o no la asuman por otra causa, que debe ser justificada.
“Yo estuve enterada, pero al ser tema de un tema político, pues el presidente decidió firmar el documento él y yo no tuve problema. Es un tema sí constitucional, pero a la vez político, más que administrativo, porque la SOPOT notifica a los 84 ayuntamientos, pero sólo los dos alcaldes interponen los recursos –de Pachuca y Mineral de la Reforma–“, externó la edil priista.
Por ello, la representante señaló que una vez notificada sobre el acuerdo de la SCJN, determinará si suscribe o no la controversia, como representante legal del municipio. “En su momento tendremos que ver lo que procede jurídicamente y tendremos que platicar con los abogados”, explicó.
Por Oliver García